Si no hay elementos podría tratarse de un acto de intimidación, considera
Si los regidores del Ayuntamiento de Puebla del denominado G5 son responsables de una presunta extorsión para avalar la reorientación de 500 millones de pesos para obra pública, se tienen que presentar las pruebas de lo contrario se entenderá como intimidación hacia ellos.
Así lo declaró la diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, luego de que dicho grupo de regidores fue acusado de pedir 3 millones de pesos para apoyar el proyecto de reorientación del gasto que servirá para reactivar la economía de Puebla en medio de la crisis del COVID-19.
Destacó que en caso de existir pruebas de esta presunta extorsión, deben presentarse para dejar en claro que no se permitirán estas acciones dentro de la cuarta transformación que se implementa en Puebla.
“Invitar a que se presenten las pruebas, porque de lo contrario se entiende como un acto de intimidación, que en caso de confirmarse esta extorsión, no se apegaría a los principios de la cuarta transformación en Puebla”.
Cabe señalar que los 500 millones de pesos se reorientaron para activar la economía de Puebla capital a través de diversas obras y a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
