Se advirtió que otorgar acceso a la información permitirá conocer las diligencias que lleva a cabo la autoridad para la investigación.
Sin embargo, tras 7 años de litigio, en abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la facultad prima facie del INAI para pronunciarse sobre la existencia de violaciones graves a los derechos humanos con la finalidad de garantizar el acceso a la información sobre estos acontecimientos.
En el ejercicio de esa facultad, el 29 de enero de 2020, el Pleno del INAI, a través de la resolución RDA 0791/12 TER, instruyó a la actual Fiscalía General de la República entregar la versión íntegra de la averiguación previa del caso.
Se determinó que es de interés público conocer la verdad de los hechos y las investigaciones relativas a violaciones graves de derechos humanos, por lo que no puede reservarse ningún tipo de información, documento o dato relacionado con la averiguación.
Posteriormente, el 12 de febrero de 2020, mediante la resolución RDA 2486/13 BIS, el Pleno del INAI ordenó a la FGR dar a conocer la versión íntegra de la averiguación previa del caso.
Se advirtió que otorgar acceso a la información permitirá conocer las diligencias que lleva a cabo la autoridad para la investigación, detención, juicio y, en su caso, sanción de los responsables.
En la misma resolución, se resolvió que la Fiscalía debe entregar también los documentos que dan cuenta del lugar donde se encontraban, en 2013, los restos pendientes de identificar de las 47 fosas clandestinas localizadas en 2011, en San Fernando, Tamaulipas.
Asimismo, el 5 de junio de 2019, a través de la resolución RRA 2233/19, el Pleno del INAI instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revelar el monto pagado por indemnizaciones en el caso de la masacre de San Fernando, precisando fecha, nacionalidad y cantidad otorgada.
Anteriormente, el 20 de agosto de 2014, mediante la resolución RDA 1924/14, el Pleno del IFAI, ordenó a la Procuraduría General de la República entregar los documentos que contengan la información sobre la detención de 16 miembros de la policía del municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
Además de las resoluciones, para garantizar el acceso a la información sobre el caso San Fernando, el INAI, junto a las organizaciones Artículo 19, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, implementó el proyecto Memoria y Verdad.
La plataforma puso al alcance de las personas información sistematizada y accesible sobre hechos en los que se ha determinado la existencia de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con el objetivo de brindar elementos para la construcción de la verdad y la memoria colectiva.
Adicional al Caso San Fernando, la plataforma contiene información sobre los hechos de Atenco, Tlatlaya, Guerra Sucia, Acteal, Ayotzinapa 2011 y 2014, Campo Algodonero, Aguas Blancas, Tlatelolco, Apatzingán, Cadereyta y El Halconazo.
Mediante el acceso a la información y el trabajo coordinado con la sociedad civil, el INAI busca conjuntar esfuerzos para garantizar la no repetición de hechos violatorios de derechos humanos, contribuir a la construcción histórica de los hechos y lograr que los derechos que tutela el Instituto se conviertan en elementos tangibles y en herramientas útiles para la ciudadanía.
