Desde octubre de 2018 fue notorio el incremento de diversos actos delictivos.
Los ciudadanos y empresarios de San Martín Texmelucan hacemos un llamado enérgico y respetuoso al Gobierno del Estado para que atienda la preocupante ingobernabilidad e inseguridad que impera en nuestro municipio, producto de actos de corrupción ampliamente documentados y la complicidad de quien dirige el Ayuntamiento.
Desde octubre de 2018 fue notorio el incremento de diversos actos delictivos, sin embargo, de mayo a la fecha, se agregaron los fenómenos de abuso de autoridad, extorsión y amenazas por parte de quienes se supone tendrían que velar por la seguridad de los texmeluquenses.
Señalamos directamente al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz de promover y solapar estos actos ilegales ya denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.
La forma como operan los elementos de tránsito no deja lugar a dudas sobre la presencia de una red de corrupción y complicidad que afecta la estabilidad social, así como la cadena productiva de la región, ya que estos servidores públicos detienen a camiones de carga de proveedores, clientes y a cualquier ciudadano que especialmente transite con placas foráneas a quienes bajo el menor pretexto retienen y solicitan dinero en efectivo que puede ir de los 5,000 y hasta los 15,000 pesos.
Inmediata y coincidentemente, una grúa llega al lugar para generar presión y en caso de no acceder a la “mordida”, la unidad es rápidamente trasladada al corralón y el conductor a los separos municipales.
De esta manera, en caso de no acceder a sus chantajes, se tiene que pagar el arrastre y la supuesta multa. Ocurren al menos cuatro casos diarios, afectando la entrega de productos, especialmente perecederos; quitándole a los texmeluquenses lo que con tanto esfuerzo y trabajo perciben; abusando de los que no pueden defenderse.
Y es que, incluso muchos de los conductores han sido salvajemente golpeados de manera cobarde e impune.
En días pasados un ciudadano del municipio fue agredido de manera violenta y trasladado a los separos municipales, solo por grabar y documentar estos actos ilegales.
Fueron violentados sus derechos humanos en el lugar donde documentaba con su teléfono móvil la corrupción de los agentes de tránsito y fue también agredido dentro de los separos “para darle un escarmiento”, tal como lo sustenta la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.
Lo peor viene cuando el propio responsable de la seguridad municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz asegura que cuenta con el respaldo del Estado, quien, afirma, lo colocó en dicha posición dentro del gabinete municipal.
El pasado criminal de este personaje ha quedado documentado a su paso por la Procuraduría y posterior Fiscalía de Chiapas y de la Policía Especializada de aquella misma entidad, donde pesan contra él denuncias por tortura y corrupción.
En reiteradas ocasiones hemos intentado dialogar con la autoridad municipal para exponer esta red de corrupción pero no hemos recibido respuesta alguna.
Por todo lo anterior, pedimos la destitución inmediata del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz, con fundamento en los artículos 58, fracción IV y 62, fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla o bien, que sea el propio Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien tome las riendas de la seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Raciel López Salazar.
Hacemos un llamado al gobernador Barbosa para que a través del titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez y de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, se establezcan mesas de trabajo donde podamos exponer esta difícil situación que afecta la dinámica social y económica de nuestro municipio, encontrando juntos una solución concreta.
Diversas cámaras empresariales como Coparmex Texmelucan, Canaco Texmelucan, Colegio de abogados, Colegio de Contadores, Colegio de Arquitectos, ciudadanos de Texmelucan y diferentes organismos estamos preocupados pero también dispuestos a construir un entorno de legalidad y paz social.
Este fenómeno no solo afecta a los empresarios, sino a trabajadores, proveedores y a la sociedad en su conjunto.
Dejamos en claro que nuestra postura está ajena a tintes partidistas o intereses políticos.
La remoción de otros involucrados, ligados a esta red de corrupción lo celebramos, pero no estamos satisfechos de recibir un paliativo cuando se puede extirpar el cáncer de raíz.
Confiamos que la autoridad estatal será sensible a esta petición que no surge del capricho, sino del hartazgo colectivo sobre actos que se supone, con la Cuarta Transformación serían erradicados.
