El frente social conformado por 200 agrupaciones manifestó que la legislación viola derechos humanos, indígenas y amenaza ecosistemas del país
La Comisión de Diputados aprobó sin quórum legal la minuta de la Ley General de Biodiversidad, advirtió la Coalición Ciudadana que denunció que legisladores del PVEM y PRI se valieron de mecanismos ilegales para que en la Cámara de Diputados se hiciera valer sólo 15 votos para hacer pasar la ley que favorece violaciones a los derechos humanos, indígenas, y amenaza ecosistemas y a varias especies y territorios protegidos. El documento podría presentarse este martes para su aprobación.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad -frente social formado por 200 organizaciones y movimientos regionales de Chiapas, Coahuila, Michoacán, Jalisco, Puebla y Veracruz– en rueda de prensa en Cencos expuso los intentos de los diputados por aprobar la legislación que levanta prohibición para que la minería en Áreas Naturales Protegidas pueda operar y permite el aprovechamiento de especies amenazadas, entre otras omisiones al servicio de grandes capitales.
Defensores del medioambiente y representantes de pueblos indígenas advirtieron que la aprobación de esta ley, facilitaría contratos de explotación en las 182 Áreas Naturales Protegidas, gracias a las lagunas legales que serían aprovechadas por el sector privado, especialmente por mineras.
Adelita San Vicente, Fundación Semillas de Vida expuso el reciente intento de legisladores ocurrido el pasado jueves 22 de marzo, último día de sesiones, quienes trataron de pasar el dictamen sin tener el quórum adecuado, pues a la reunión sólo acudieron 15 legisladores cuando se requieren 16 presentes, es decir la mitad de los 30 integrantes más uno, para cumplir con el reglamento de la Cámara.
Señaló que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, presidida por Arturo Álvarez Angli, en contubernio con diputados del PRI, hizo pasar por alto la normativa, de foro y tiempo y a toda costa pretendió aprobar el dictamen la Ley de Biodiversidad con sólo 15 votos.
San Vicente en su intervención, describió el irregular proceso que ha seguido esta ley que fue aprobada en el Senado de la República justo en víspera de la navidad: el pasado 14 de diciembre de 2017, junto con la Ley de Seguridad Interior – que permite el Ejército en las calles—haciendo desviar la atención pues la oposición social se volcó hacia esta última. “La ley de Biodiversidad pasó sin mayor discusión ni oposición”, relató.
Aunque la Comisión de Cambio Climático del Senado de la República y la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Cambio Climático de Cámara de Diputados pidieron el 1 de febrero, dictaminar la Ley de Biodiversidad, sólo se les permitió opinar.
La Mesa Directiva de la Cámara recibió las observaciones de las comisiones y aunque fueron enfáticas en señalar la anticonstitucionalidad de la ley, esta sigue el camino de su aprobación.
Octavio Klimek, analista ambiental aseguró que la La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participación de la sociedad; en particular de los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley.
Recordó que este proceso prácticamente ha sido “a escondidas” sin transparencia, participación y rendición de cuentas. “Estamos en abril y nuestra demanda de someter esta ley a consulta se ha pasado por alto”, insistió.
David Ruíz de la Red Nacional Indígena aseguró que la Ley no ha sido difundida entre los pueblos que son los guardianes de las áreas protegidas que están en serio riesgo con el fast track que pretenden en la Cámara de Diputados.
Especialistas advirtieron que la Ley General de Biodiversidad es regresiva, afectará décadas de esfuerzos para preservar el medio ambiente, la Ley también permite la apropiación y patentamiento de genes, plantas y conocimientos ancestrales.
Afectará a organismos y microorganismos que pueden ser explotados por empresas y pone en riesgo animales exóticos y silvestres pues la legislación permitiría su uso como mascotas.
LAS CONSECUENCIAS
– Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
– Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.
– Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.
– Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.
– Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinas/os, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.
– Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
– Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.
– Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.
– Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.
