«Todo el que conozca, compre o comercialice combustible robado y no lo denuncie, se está afectando a sí mismo», subrayó Treviño Medina
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno estatal reforzaron las acciones de combate al robo de combustible, con base en una estrategia que incluye todos frentes de la cadena delictiva y prevé permanente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno.
El Grupo de Coordinación Puebla Segur (GCPS), en el cual participan la paraestatal, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la Policía Federal, así como el gobierno estatal, informó que de enero de 2017 a la fecha se han realizado dos mil dos operativos en el estado con saldo de tres mil 138 vehículos asegurados, 781 personas remitidas a las autoridades, mil 334 tomas clandestinas inhabilitadas y más de 6 millones de litros de combustible decomisados.
De acuerdo con información oficial, el gobernador José Antonio Gali Fayad y el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, acordaron la continuidad de este trabajo coordinado en el combate frontal a la delincuencia organizada.
El funcionario federal advirtió que «todo el que conozca, compre o comercialice combustible robado y no lo denuncie, se está afectando a sí mismo y a toda la población, pues robarle a Pemex es robarle a México»; por tanto, subrayó que no hay tolerancia con este ilícito.
Treviño Medina afirmó que para enfrentar esta problemática, Pemex Logística realiza diversas acciones focalizadas a fortalecer la seguridad del sistema de ductos incorporando tecnología de última generación, así como el uso de medidores de referencia para acotar los tramos de medición y facilitar la identificación de puntos de extracción ilegal.
En su momento, el mandatario dijo que su administración está comprometida con el combate a la criminalidad en todas sus expresiones y en el tema de robo de combustibles se está trabajando junto con la Federación, pues además del daño que provoca al tejido social, es una actividad que representa un alto riesgo para las comunidades donde se realiza.
Cabe destacar que durante 2017 fueron cerradas 21 estaciones de servicio en Puebla por diversas irregularidades y por no acreditar la legalidad del combustible que comercializaban.
