Se prevé que en los próximos días el proyecto pase al Senado, que tendrá la última palabra.
Los grupos feministas que desde hace décadas luchan por el aborto en Argentina sienten que su objetivo ha quedado más cerca luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto para su legalización.
La iniciativa, impulsada por el presidente Alberto Fernández y que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, fue aprobada de madrugada por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones luego de un debate de más de 20 horas seguido por decenas de miles de manifestantes.
Se prevé que en los próximos días el proyecto pase al Senado, que tendrá la última palabra.
En esa cámara, donde el oficialismo pretende que el proyecto sea tratado antes de fin de año, el panorama es más incierto ya que está integrado por legisladores oficialistas y opositores con posturas más conservadoras respecto al tema.
Cuando se transmitió el resultado de la votación en las grandes pantallas instaladas en las inmediaciones del Congreso, miles de activistas que habían pasado la noche a la intemperie siguiendo los discursos de los legisladores estallaron en gritos de alegría y se abrazaron.
En muchas jóvenes no parecía hacer mella el cansancio tras horas tumbadas sobre telas y colchonetas extendidas sobre el asfalto. Tampoco parecía importarles el distanciamiento social impuesto para combatir la pandemia del coronavirus, aunque muchas llevaban mascarillas verdes, el color que identifica al movimiento.
A varios metros, en un sector también próximo al Parlamento, cientos de manifestantes contrarios al aborto con prendas de color celeste y banderas argentinas lamentaron el resultado. Algunos agacharon la cabeza y otros lloraron.
La iniciativa impulsada por Fernández fue debatida en la tierra natal del papa Francisco dos años después de que otra propuesta similar naufragara en el Senado tras ser aprobada por los diputados y a un año de que el dirigente peronista llegara al poder con la promesa de habilitar el aborto.
Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.
Según el movimiento feminista, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está muy castigada a excepción de Uruguay, Cuba, Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guyana Francesa.
El proyecto es apoyado desde hace más de una década por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuyas integrantes celebraron el resultado al término de la votación.
“Hoy estamos más cerca de que el aborto voluntario sea ley, de un país donde las mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer verdaderamente todos sus derechos y decidir sobre sus propios cuerpos y sus propios proyectos de vida”, sostuvieron en un comunicado.
Las activistas instaron al Senado “a que esta vez escuche una demanda popular”.
Hace dos años, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), los senadores rechazaron la iniciativa que había sido aprobada por los diputados por un estrecho margen.
El aborto es un reclamo transversal de fuerzas políticas argentinas de distinta tendencia.
“Es hora de terminar de escribir los derechos y pasar a la etapa de igualdad… A cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando decidir, a las que nunca bajan los brazos: ¡Que el aborto sea legal y gratuito, que sea ley!”, exclamó minutos antes de la votación Silvia Lospennato, una de las diputadas de la oposición que respaldó la iniciativa de Fernández.
El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. El gobierno señaló que cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.
Entre los principales oponentes está la Iglesia católica, cuya jerarquía pidió a los legisladores “un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida” y sobre el peligro “de la cultura del descarte” mencionada por el papa en varias ocasiones.
Diputados de distintas formaciones sostienen además que la práctica del aborto es inconstitucional porque viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que atribuyen una jerarquía superior a la legislación nacional y que establece que el derecho a la vida “está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.
