La familia, abogadas y colectivos se convirtieron en buscadores ante la falta de protocolos de búsqueda estatales.
Esta semana se cumplen cinco años de la desaparición de Karla Romero Tezmol, uno de los casos emblemáticos de desaparición de mujeres y niñas en Tlaxcala y México, que evidenció los lentos y oxidados mecanismos para acceder a la justicia y la verdad.
El 13 de enero de 2016 Karla Romero, de 11 años, salió de su casa en San Pablo del Monte rumbo a la escuela donde fue víctima de desaparición.
El caso destaca por los indicios sobre redes de trata de personas con fines de explotación sexual en la zona Puebla-Tlaxcala y el tráfico de menores más allá de la frontera norte.
Tras la desaparición, los papás de Karla -Iván Romero y Olga Tezmol- interpusieron la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encabezada entonces por Alicia Fragoso Sánchez en el periodo del gobernador Mariano González Zarur.
Las autoridades no emitieron la Alerta Ámber como lo indican los protocolos en caso de desaparición de menores y, pese a la gravedad y contexto de Tlaxcala como uno de los epicentros de la trata de personas, la jefa de Unidad de Desarrollo Profesional y Servicio Civil de Carrera, Anel Miryam Quiroz Zecua, quien era enlace estatal de Alerta Amber, decidió no activarla sino hasta 21 días posteriores antes, solo emitieron una prealerta Ámber con alcance local.
Tres semanas después y tras la insistencia de los familiares Karla Romero ingresó al programa de desaparición de menores para dar mayor difusión a la ficha de búsqueda.
Entonces, el caso de Karla visibilizado por sus papás evidenció poco a poco uno de los secretos a voces y de las realidades resignadas sobre Tlaxcala: había indicios de que la menor había sido trasladada a Puebla para ser explotada sexualmente.
En varias ocasiones los padres de la menor que hoy tendría 15 años, recibieron llamadas anónimas que los obligaron a trasladarse a la Fiscalía de Puebla, donde también comprobaron que los raptores siempre estaban un paso delante de ellos.
El caso de Karla también confirmó y encarnó los modos en los que las autoridades se dirigen a las víctimas de desaparición o trata: “se fue con el novio” o preguntas sobre problemas familiares, si salió con maletas, si faltaba a clases, si consumía bebidas a sus 11 años de edad, cuestionamientos que revictimizan y dilataban las investigaciones.
No obstante las denuncias públicas, Karla no ha regresado a casa. El año pasado el procurador José Antonio Aquiáhuatl Sánchez reconoció que las investigaciones realizadas no han dado resultados hasta la fecha.
