La mayoría de los hospitales públicos de todo el país apenas han funcionado desde la semana pasada.


Colectivos de médicos de Birmania han decidido declararse en desobediencia civil para protestar contra el golpe de Estado militar de principios de mes en el país, que esta pasada noche ha conocido su octava jornada consecutiva de protestas para exigir la liberación de la consejera de Estado y líder ‘de facto’ del país, Aung San Suu Kyi.

Según fuentes del diario ‘The Irrawaddy News’, la adscripción de los médicos al llamado Movimiento de Desobediencia Civil ha supuesto «un duro golpe para la Junta Militar» al proceder en su mayoría de hospitales gestionados por el Gobierno que han supuesto una ayuda inestimable a la población, en especial en tiempos del coronavirus, que ha costado las vidas de más de 3.000 personas en el país.

El líder del golpe, el general mayor Min Aung Hlaing, tradicionalmente hermético durante las protestas, rompió su silencio este jueves al pedir al personal médico, específicamente, que «volviera al trabajo». «Quiero instar a los médicos (del Gobierno) a que lleven a cabo la atención médica pública en sus hospitales lo antes posible», declaró.

La mayoría de los hospitales públicos de todo el país apenas han funcionado desde la semana pasada. En la región de Ayeyarwady, en el delta del país, el Hospital General regional de Pathein ha estado prácticamente cerrado desde la semana pasada debido a que la mayoría de los 300 empleados del hospital han estado en huelga, según informaron fuentes médicas este viernes. Los hospitales en otras áreas de la región como Phyapon y Myaung Mya también han detenido sus operaciones y el movimiento se está extendiendo a los centros médicos de otras regiones.

Las autoridades han ejercido presión sobre los médicos, denuncia el colectivo.

A primera hora del viernes, la Policía de Mandalay allanó sin orden judicial, la casa del profesor Khin Maung Lwin, rector de la Universidad de Medicina de Mandalay, por apoyar al movimiento.

Las hijas del rector procedieron a publicar en un directo en Facebook los intentos de la Policía para detener a su padre. Los agentes acabaron retirándose después de que los residentes aparecieran en la calle, golpeando ollas y sartenes. Para intentar facilitar la atención médica, los militares han abierto al público sus propios hospitales, pero según las fuentes del ‘Irrawaddy’, apenas disponen de las instalaciones necesarias para cubrir todas las necesidades de la población.

La Asociación de Asistencia para Presos Políticos ha estimado que 241 personas, entre ellas funcionarios gubernamentales, líderes nacionales, comisionados electorales, activistas políticos, monjes, escritores y manifestantes pacíficos, han sido arrestadas desde el golpe del 1 de febrero.

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