Los consejeros Francisco Morones y José Davi Cabrera, acusaron que las bajas fueron por una decisión unilateral de Marlene Alonso Meneses
Los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Francisco Morones Servín y José David Cabrera Canales, acusaron a la presidenta del órgano garante, Marlene Alonso Meneses, de realizar al menos cuatro despidos de personal de manera injustificada.
Los comisionados del instituto explicaron que esas bajas de personal se realizaron por una decisión unilateral de la presidenta, sin tomar en cuenta la opinión de los integrantes del Consejo General.
Por ello, denunciaron ante el Congreso del Estado que Marlene Alonso violentó los derechos laborales de al menos cuatro empleados del IAIP, entre ellos mencionó a Dania Sánchez Hernández, quien se desempeñaba como directora de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados; además a Concepción Flores Sandoval y Engelshakespeare Geraldino Linclon Rodríguez Ríos, quienes se desempeñan como Director de Informática y Secretario Técnico y de Asuntos jurídicos, respectivamente.
Además de Esaú Isaí Méndez Degante quien ocupaba un espacio en el área de Oficialía de Partes. Todos fueron despedidos sin recibir la última quincena del mes en el que aún laboraron.
Con esas bajas de personal “se imposibilitó que se celebraran sesiones del Consejo General, pero sobre todo, dieron cuenta de que persisten las decisiones unilaterales por parte de la presidente Marlene Alonso Meneses, ya que su actuar no es acorde a la normatividad que rige el instituto”.
Y agregaron que eso es un claro abuso del cargo que le fue conferido, “vulnerando los derechos laborales de los trabajadores; además de pasar por encima del Consejo General”.
Por esos motivos, los comisionados Francisco Morones Servín y José David Cabrera Canales urgieron a los integrantes del Congreso del Estado para que den solución al conflicto que prevalece en el instituto, para ello emitan un dictamen para acabar con el conflicto.
Pero también pidieron que se “realice una investigación de fondo para deslindar responsabilidades entre quienes integran el Consejo General, con la finalidad de detectar las múltiples faltas y fallas cometidas por la comisionada y en las que sigue incurriendo, arbitrariedades que obstaculizan las actividades del instituto y la vulneración de los derechos humanos y laborales del personal”.