La diputada del PRI, Rocío García urgirá una regulación para garantizar que menores de edad no la consuman, pues son el sector más vulnerable

Diputadas de diversas fuerzas políticas consideraron que legalizar la marihuana ameritará otras responsabilidades como sociedad, pues si bien se busca disminuir la ola de violencia que genera la comercialización de la misma, ahora se tiene que trabajar en políticas públicas para que realmente sea con fines medicinales y no adictivos.

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, señaló que un producto legal o ilegal siempre será adictivo, incluso ejemplificó el consumo del alcohol, pues mientras unos se ponen alegres, otros son violentos.

Señaló que urgirá una regulación para garantizar que menores de edad no la consuman, pues son el sector más vulnerable que decide probarla por experimento, sin que ellos sepan que el cannabis ocupa el tercer lugar de consumo entre jóvenes de 15 a 19 años, según datos del Centro de Integración Juvenil Puebla.

En tanto, la titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Nora Merino Escamilla, mencionó que la decisión de volverla legal hará frente a los diversos problemas, principalmente los delictivos.

Igual que la priista, la también diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que deben implementarse políticas que garanticen su fin medicinal y no adictivo, principalmente en mayores de 18 años.

Finalmente, la diputada de Morena, Vianey García Romero, aseveró que la legalización de la marihuana permitirá abatir la violencia y el crimen devolviendo la paz y tranquilidad a los ciudadanos.

Señaló que era urgente que se diera esta aprobación en la Cámara de Diputados porque resultaba incongruente permitir la venta y consumo de alcohol, tabaco y comida chatarra que provocan más daños a la salud que el cannabis.

Finalmente, el Colectivo «Toque Poblano» señaló que mantendrá su plantón en el Paseo Bravo, porque desde el punto de vista de los integrantes, existe una violación a sus derechos sobre el porcentaje de consumo que cada persona puede portar.

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