Tlaxcala acumula 80 casos positivos de COVID19 al interior de la población de Personas Privadas de su Libertad.
La vacunación de personas adultas mayores privadas de la libertad (PPLS), y trabajadores en centros penitenciarios avanza lento en el país, y en estados como Tlaxcala aún no se aplican vacunas contra la COVID19 a pesar de que en las últimas semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportó un repunte de contagios.
La asociación civil AsiLegal da a conocer el Mapa Penitenciario COVID19 que muestra el registro de contagios, fallecimientos, libertades otorgadas, incidentes de violencia y vacunas aplicadas en los Centros de Readapatación Social (Ceresos), del país que, hasta ahora, suman 220 dosis aplicadas en cárceles de Baja California, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas.
Según el registro, Tlaxcala acumula 80 casos positivos de COVID19, de los cuales, 28 se detectaron en personal de los Ceresos y 52 en presos, por lo que la entidad se ubica entre las 15 con el mayor número de casos positivos.
Sin embargo, en las cárceles de la entidad no se han otorgado libertades de personas adultas mayores o vulnerables en riesgo de contagio, ni se han aplicado vacunas lo que evidencia un retraso contra el avance en 13 entidades que han liberado a población vulnerable o aplicado vacunas a presos mayores de edad.
AsiLegal informa que hay un total de 4 mil 353 casos confirmados acumulados, 351 fallecimientos, 20 incidentes de violencia relacionados con la pandemia, 3 mil 972 libertades otorgadas y 220 vacunas aplicadas.
A diferencia de Tlaxcala, en Puebla se han liberado a 14 personas y aplicado 41 vacunas con dos incidentes de violencia registrados desde marzo de 2020, fecha en la que se dieron a conocer los primeros contagios por COVID19.
La organización señala que la falta de vacunación vulnera el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad que se acumula a los otros derechos suspendidos y aquellos reducidos por el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de procesos judiciales expeditos y la eliminación del deporte, la educación y la cultura por la pandemia.
“Tenemos la responsabilidad social de vacunar a las personas más vulnerables, a las personas que más han arriesgado y perdido por los efectos de la pandemia. Entender que las personas privadas de libertad forman parte de ese grupo es esencial para poder comenzar a reconstruir el país”, señala el informe.
