Tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como sus brazos operativos requieren reestructuraciones que permitan materializar el derecho disciplinario.
La Asociación de Magistrados Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, A. C. y la Licenciatura en Derecho de la IBERO Puebla celebraron un conversatorio en torno al libro Derecho disciplinario mexicano. Sistema Nacional Anticorrupción, elaborado por el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza.
El tema en cuestión es de alta pertinencia en el contexto del país, donde la corrupción y la impunidad continúan como desafíos para la construcción de un Estado de derecho funcional. Por tal motivo, el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la IBERO Puebla, destacó el valor del diálogo entre academia e integrantes de órganos jurisdiccionales, pues las universidades jesuitas recuperan la herencia del conocimiento con ética y compromiso social.
La conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un primer esfuerzo con el objetivo de construir respuestas reales contra el binomio corrupción-impunidad. Como ha reflejado la pandemia, es vital recuperar lo público a través de la transparencia y las sanciones ejemplares a los delitos
En Derecho disciplinario, Gándara describe la integración del SNA a nivel nacional y analiza 16 legislaciones estatales ─mismas que buscaron la armonía con la Ley General de Responsabilidades Administrativas─, lo que conduce al debate sobre si los agregados son violatorios de la ley general.
Pese a los esfuerzos de órganos internos de control como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la normativa anticorrupción requiere múltiples mejoras. Así lo apreció la Mtra. Luz María Aguirre Barbosa, magistrada de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, quien recordó que: “de nada sirve contar con una legislación novedosa si no se asignan recursos para ponerla en marcha”.
La corrupción representa un fenómeno endémico altamente costoso para los gobiernos. La administración actual se ha volcado a la eliminación de este crimen, pero este es tan complejo que difícilmente se comprende a qué se refiere: en México, la legislación omite una definición elemental del concepto de corrupción. De acuerdo con la Mtra. Natalia Vera Escolá, la falta de consenso se debe a las intersecciones culturales de cada lugar.
