La transición de procuraduría a fiscalía obliga a mejorar la investigación de los delitos, advierte.
Tlaxcala, Hidalgo y Baja California Sur son las tres entidades cuyas instituciones de procuración de justicia no han transitado de procuradurías a fiscalías estatales desde las reformas constitucionales de 2014 sobre la creación de instituciones autónomas, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio.
De acuerdo con el “Observatorio de Transición 2020: De procuradurías a fiscalías” de la organización civil México Evalúa, Tlaxcala no ha querido transitar de estructura institucional acorde con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio de corte oral, que busca castigar correctamente a los que cometen delitos y no producir falsos culpables.
El análisis advierte que la transición no solo es de nombre sino que implica la transformación de las funciones del Ministerio Público en la investigación, un cambio radical en la lógica y dinámica de las relaciones entre los operadores y la incorporación de nuevas formas de relación entre el sistema de justicia.
Sobre todo, destaca la mejora de la visión de los delitos como fenómenos complejos relacionados con otros crímenes o conductas sociales propias de los contextos particulares de los estados -como la trata de personas y la explotación sexual- y que, por lo tanto, debe mejorar la forma sustancial de investigarlos.
La transición además implica la instauración de un servicio civil de carrera que garantice los perfiles idóneos para la investigación y mecanismos de gobernanza: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la investigación y acceso a la justicia.
Sin fiscalía, los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Baja California tienen nulo avance en los seis criterios evaluados sobre autonomía, desarrollo institucional, desarrollo normativo, ritmo de transformación, efectividad de la resolución y gobernanza, por lo que no se puede medir su avance a la luz del nuevo modelo de justicia penal.
