Se exhortó a las autoridades del gobierno de Puebla a cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó el operativo del Gobierno del Estado para desalojar a estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles Ávila Castillo, que ocupaban la explanada de la sede del Poder Ejecutivo «Casa Aguayo».
En un pronunciamiento de la Comisión refirió que la detención de los estudiantes por elementos de la Policía Estatal, en el manco de una protesta, es violatorio a derechos humanos básicos.
Se establece que el actuar de la autoridad estatal no respeta los márgenes en el uso de la fuerza pública y limita el ejercicio de estos derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el espacio público.
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A continuación se puede leer el pronunciamiento:
«La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas —individuales y colectivas— de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados.«
«La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático.»
«Ante los hechos ocurridos el 1 de junio de 2021 en la ciudad de Puebla en el que mujeres y hombres, estudiantes de la Normal de Teteles, fueron detenidos en un contexto de protesta pública, lejos de presentar un panorama de consenso en cuanto a la protección de las manifestaciones y protestas, se ha presentado un escenario que limita el ejercicio de estos derechos en el espacio público.«
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«A la luz de lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace un respetuoso exhorto a las autoridades del gobierno de Puebla a cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas, como derechos humanos que son, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo —y como último recurso— de la fuerza en contextos de protesta.»
«Asimismo, a que informen de la situación de los 45 detenidos y detenidas que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, respetando su derecho al debido proceso y garantizando su integridad personal.»
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