Por uno o más de los siguientes motivos: origen étnico o nacional, color de piel, cultura, discapacidades, condición social, entre otros.
A fin de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la Diputada Local Mayra Vázquez Velázquez presentó una iniciativa para incluir en el Código Penal de Tlaxcala, la agravante de odio, dentro de los delitos de homicidio y lesiones calificados.
Este viernes, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la Legisladora expuso que su propuesta busca eliminar las barreras que enfrentan para acceder a la educación, al empleo, salud, o a procesos de desarrollo, las personas de que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ, principalmente.
Señaló que el rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de las personas de este grupo social, es el ensañamiento con el que son sometidos, agredidos con golpes físicos o con objetos, personas con heridas provocadas por objetos punzocortantes, violencia sexual, tortura, entre otros.
“La comunidad ha sido atacada y violentada con al menos 117 asesinatos mostrando un incremento, los porcentajes de impunidad son altos… la tipificación que propongo, no se limita a proteger la vida de las personas pertenecientes a la población LGBTI, sino que también lo hace para evitar su cosificación y al pertenecer a una población vulnerable, reconocer el derecho a ser respetadas”, indicó.
Sin embargo, la propuesta también incluye considerar el odio cuando el sujeto activo lo comete por prejuicio, por uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, economía, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma o antecedentes penales de la víctima.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
