Verificarán que hayan aplicado el protocolo de actuación especial, que hayan tomado las medidas para evitar la revictimización
La Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), inició de oficio procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los jueces Alexis Minor Flores y Alejandro Perea Vega acusados de incurrir en conductas ilegales en el desempeño de sus funciones.
Así lo dio a conocer el presidente del Poder Judicial local, Fernando Bernal Salazar quién recordó que los señalamientos en contra de esos dos jueces fueron hechos hace dos semanas por activistas respecto a las anomalías que evidenciaron durante un caso de patria potestad de una menor de edad
En ese sentido dijo que “el miércoles de la semana pasada estas abogadas presentaron un escrito con algunas firmas pero le faltaban algunas cuestiones como los nombres completos de quienes firmaban y algunos detalles en su escrito, de una queja en lo particular en contra de dos jueces que se han venido mencionando que es el juez Alexis Minor y el juez Alejandro Pereda por su actuar en un expediente en particular en cada uno de ellos. Inmediatamente la presidencia tomó las providencia y se instruyó al contralor del Poder Judicial para que iniciara de oficio los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes”.
Detalló que en el proceso de investigación de ambos jueces, verificarán que los jueces hayan aplicado el protocolo de actuación especial, que hayan tomado las medidas para evitar la revictimización y priorizado el interés superior de la niñez.
“Es en su primera etapa que es de investigación de estos dos casos, y en lo particular, le pedí a cada uno de los jueces que me rindió un informe acerca de cómo se encontraban estos expedientes y el cual me entregaron la semana pasada, sin embargo, el procedimiento de investigación por parte de Contraloría es lo que llamamos el procedimiento de responsabilidad administrativa ya se inició desde la semana pasada”.
Resaltó que la solución del procedimiento en contra de los dos jueces tendrá una duración máxima de tres meses, pues deben cumplir la etapa de investigación y sustanciación del caso.
De comprobarse posibles omisiones e irregularidades en el ejercicio de sus funciones los acusados podrían recibir sanciones que van desde la amonestación, suspensión temporal o separación definitiva del cargo.
