Los gobiernos estatales dejaron fuera del análisis y las propuestas la participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil.
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local criticó y rechazó la decisión del Grupo Interinstitucional conformado por los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, sus municipios y dependencias del gobierno federal para atender el saneamiento de los ríos, por no considerar la participación de las comunidades afectadas en las reuniones de trabajo como lo recomendó la CNDH.
Ayer se reunió el grupo interinstitucional en la ciudad de Puebla para atender las recomendaciones emitidas por la CNDH sobre la contaminación de la cuenta Atoyac-Zahuapan y la elaboración del programa integral de restauración ecológica o saneamiento de la cuenca.
Al respecto, el Centro Fray Julián Garcés, uno de los promoventes de la recomendación 10/2017 de la CNDH, denunció que los gobiernos estatales dejaron fuera del análisis y las propuestas la participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil dedicadas desde hace 15 años a visibilizar la contaminación industrial en la zona.
“Denunciamos hoy que se está dejando de cumplir adecuadamente la primera de las recomendaciones que hace la CNDH a todos los sujetos recomendados (sobre) la participación de la sociedad civil como un sujeto en la organización y ejecución de las acciones”.
Frente a la omisión y la decisión unilateral de los gobiernos estatales y federal, las comunidades exigen que convoquen a la sociedad civil y que el programa de saneamiento atienda todo el territorio de la cuenca y no solo los municipios recomendados.
Del mismo modo, exigen que reconozcan que las recomendaciones de la CNDH son una obligación jurídica para garantizar los derechos a la salud, la información y un medio ambiente sano y no una concesión de las autoridades.