Luego de una denuncia pública difundida en redes sociales; en un video se observa que un perro es atropellado por una patrulla
La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Consejo de Honor y Justicia Policial determinaron la suspensión temporal de carácter preventivo para Abimael N., policía acreditable de investigación, por estar involucrado en la probable comisión de faltas administrativas.
El proceso tuvo origen luego de una denuncia pública difundida en redes sociales, en la que a través de un video se observa que un perro es atropellado por una patrulla de la policía estatal en la comunidad de San Diego Metepec, perteneciente al municipio capitalino.
La solicitud refiere que el efectivo policíaco incurrió en una conducta que afectó la moral y el buen nombre de la corporación prevista en el artículo 65, fracciones I y XXVII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; en contravención y trasgrediendo los principios de actuación que rigen a los cuerpos encargados del orden, previstos en los ordenamientos aplicables en la materia e inobservancia al régimen jurídico y disciplinario establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros advirtió que no se tolerarán actos que infrinjan la Ley de Protección y Bienestar Animal de la entidad por parte de los efectivos policiacos, por lo que instruyó a los elementos la SSC a conducirse con apego al marco normativo en la materia.
La mandataria estatal lamentó la situación y garantizó la aplicación de la ley en la labor de los elementos encargados del orden, quienes tienen la tarea fundamental de preservar la seguridad y la vida.
El proceso ordenado por la Unidad de Asuntos Internos está asentado en el expediente administrativo con número SSC/U. A. I. 01/2022, por el que se determinará si existe o no falta por la que deba ser sancionado el policía.
La Constitución local y la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala refiere que “todas las personas tienen un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales en la entidad”.