La activista anunció que, junto al Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, emitirán quejas contra Telegram y WhatsApp por ser complice en la violencia digital.
En Puebla hay más de 300 mercados de explotación sexual en línea donde se ventilan fotos y videos de mujeres sin su consentimiento; hay otros más relacionados con pornografía infantil y de población indígena, siendo las universidades unos de los principales focos de producción y reproducción.
El dato fue dado a conocer por la activista Olimpia Coral Melo durante una transmisión en su canal de Facebook para exigir a las autoridades de Puebla, sobre todo la Fiscalía General del Estado (FGE), que se actué contra los hombres que están ejerciendo éste tipo de violencia contra la mujeres en total impunidad.
A la par, la activista anunció que, junto al Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, emitirán quejas contra Telegram y WhatsApp por ser cómplices de esta violencia digital.
«Haremos un llamado a la empresa Telegram para denunciar su complicidad en la filtración de todos los mercados de explotación sexual en línea; así como la exigencia expresa a la empresa Meta por la censura a la denuncia pública que han hecho compañeras que en las últimas semanas».
Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia que castiga la violencia digital y la violación a la intimidad sexual de las mujeres aprobada en 2018 en Puebla, se pronunció así respecto a la denuncia realizada esta semana sobre un grupo de Telegram que esta, no solo difundiendo imágenes de poblanas, sino que exhibe su identidad al generar una base de datos de sus redes sociales.
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Recordó que en Puebla está vigente la Ley Olimpia, sin embargo en 3 años , lamentó que hasta ahora solo un agresor esté tras la rejas y no existan investigaciones para acabar con esta practica conocida como compartir «packs»,
«Festejaron la Ley Olimpia en el 2018, pero hoy les digo que, de nada sirve la aprobación si en las Fiscalías se sigue revictimizando a las mujeres, y hasta hace algunos meses tuvimos la detención de un posible agresor (…) O sea que, pasaron 750 días para que se comenzará un proceso».
«No hacer nada por los casos, por la reparación del daño de ellas y la no reincidencia del agresor sin violar los derechos humanos de nadie, es una cuenta pendiente que tienen todos y todas con nosotras», apuntó.
Acusó que en noviembre de 2021 ya se denunció un caso, se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía y se solicitado protección a la víctima, no obstante, hasta ahora no se ha aplicado medidas cautelares.
Finalmente convocó a alumnas, maestras, colectivas y feministas a unirse para exhibir todos los mercados de explotación que hay en su comunidad.
