El objetivo es que los tribunales actúen para transparentar la labor jurisdiccional y visibilizar los obstáculos que enfrentan las mujeres.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 26 órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Poderes Judiciales de 11 entidades federativas, un Tribunal de Justicia Administrativa, un Tribunal Agrario y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) suscribieron el Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, cuyo propósito es impulsar acciones hacia la construcción de un modelo de justicia abierta en el país que responda a las diferentes realidades y garantice a las personas sus derechos de acceso a la justicia y a la información judicial en condiciones de igualdad.
Se trata de una iniciativa ciudadana impulsada por EQUIS: Justicia para las Mujeres, en colaboración con el INAI, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y más de 50 organizaciones de la sociedad civil.
En el evento, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseveró que la justicia abierta con perspectiva de género busca poner a disposición de las mujeres información sobre los recursos legales, a fin de facilitar su acceso a la justicia. Advirtió que la apertura es la vía para mejorar la impartición de justicia e impulsar criterios progresistas por parte de las y los juzgadores
“Este Pacto Nacional promueve que las mujeres tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, que se garantice que los casos de violencia de género se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados como corresponda”, planteó.
En su intervención, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez dejó claro que la publicidad de todas las sentencias judiciales, prevista en la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia, es un paso para alcanzar un fin mayor que es garantizar el derecho de las personas de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, pero ello no equivale a hacer justicia abierta.
“Estamos seguros de que el Pacto por una Justicia Abierta con perspectiva de género será el gran cauce para lograr una justicia que sea más igualitaria hacia la sociedad, pero también desde el interior de los órganos garantes de impartición de justicia”, subrayó.
A su vez, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas sostuvo que el INAI ha jugado un papel claro, firme y constante en el impulso de acciones encaminadas a consolidar el modelo de justicia abierta en el país; desde septiembre de 2021, cuando se dio a conocer la iniciativa, el Instituto promovió la adhesión de los órganos garantes del SNT.
“Saludamos el pacto, nos subimos plenos de servir en esa causa para que la información sea útil y socialmente venga a darle cauce a la justicia, especialmente, a la circunstancia de rezago de las mujeres que han sido víctimas históricamente de los lastres de los procesos de justicia”, apuntó.
El Magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que esta iniciativa busca que los tribunales actúen en colaboración con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, para transparentar la labor jurisdiccional y visibilizar los obstáculos que enfrentan las mujeres al ejercer sus derechos.
“Mediante nuestra adhesión al pacto buscamos la transparencia, la participación ciudadana y, sobre todo, una impartición de justicia electoral que dialogue con nuestra sociedad, para erradicar cualquier tipo de exclusión”, indicó.
La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, confirmó que la publicación de las sentencias judiciales es un primer paso para alcanzar la justicia abierta, pero ahora es necesario avanzar en su catalogación y análisis para conocer qué falla y qué funciona en la impartición de justicia.
Advirtió que el manejo de un lenguaje claro es un pilar fundamental de la justicia abierta: “si la sociedad no tiene claridad en lo que resolvemos, difícilmente comprenderá los méritos. Puede haber transparencia, pero si el lenguaje no es claro va a complicar la analítica de los datos”.
En su mensaje, la Codirectora de EQUIS: Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa, detalló que el pacto se centra en las necesidades de justicia de las personas, empezando por aquellas que están en desventaja económica o condiciones de discriminación y que enfrentan serias dificultades para hacer valer sus derechos o defenderse.
“11 Poderes Judiciales, un Tribunal de Justicia Administrativa, un Tribunal Agrario y el Tribunal Electoral Federal, 26 institutos de transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia se suman a llamado para mejorar la estadística judicial, tener datos desagregados y conocer cuál es la política de protección y de prevención de los Poderes Judiciales frente a la violencia contra de las mujeres”, expuso.
En su momento, el Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), Armando Maitret Hernández, señaló que el pacto es significativo porque, entre otros temas, visibilizará la impartición de justicia para las mujeres, a través de las sentencias judiciales, a fin de que las y los juzgadores sean evaluados por la sociedad.
“Debemos redoblar esfuerzos en el establecimiento de un modelo de justicia abierta, en el que la colaboración con la sociedad sea un mecanismo de fortalecimiento para mejorar nuestro trabajo y recobrar la confianza ciudadana”, resaltó.
En el evento, con sede en el TEPJF, participaron también Isabel Erreguerena, Codirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres; Isabel Fulda, Subdirectora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Ricardo Ortega, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF; Karla Prudencia, Directora del Programa de Derecho del CIDE; José Pablo Abreu Sacramento, Director Regional del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México.
Asimismo, Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del PJ de la Ciudad de México; Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del PJ de Coahuila; Virginia Leticia Lizama Centurión, Magistrada Presidenta del PJ de Campeche; Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Magistrada del PJ de Jalisco; Ricardo Sodi Cuellar, Magistrado Presidente del PJ del Estado de México; Rubén Jasso Díaz, Magistrado Presidente del PJ de Morelos; Ismael González Parra, Magistrado Presidente del PJ de Nayarit; Eduardo Pinacho Sánchez, Magistrado Presidente del PJ de Oaxaca; Héctor Sánchez Sánchez, Magistrado Presidente del PJ de Puebla, y Elvia Zatarain Andablo, Magistrada del PJ de Sonora.
Estuvieron presentes los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, así como Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes del Sistema Nacional de Trasparencia.
