El combate a este delito generó el bloqueo de 172 cuentas en el sistema bancario en el último año.

El contrabando de combustibles dejó un boquete fiscal de 30 mil 500 millones de pesos en 2020, por la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con el Tercer Informe de Avance de la Estrategia Nacional de Seguridad, enviado por el gobierno federal al Senado, durante el año pasado el combate interinstitucional a este delito generó el bloqueo de 172 cuentas en el sistema bancario —cuyos montos sumaron 134.98 millones de pesos y 4.72 millones de dólares—, por parte de la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“En este contexto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 81.54 millones de litros de hidrocarburos que se introdujeron al territorio nacional sin pagar contribuciones, lo que causó un perjuicio al fisco de 534 millones de pesos”, indica el informe.

Destaca, además, las carpetas de investigación iniciadas ante la FGR contra representantes de importadoras y agentes o servidores de aduanas, por el delito de contrabando.

El combate a este delito generó el bloqueo de 172 cuentas en el sistema bancario en el último año.

El impacto fiscal del contrabando de combustibles fue de 30 mil 500 millones de pesos en 2020, por la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), establece el Tercer Informe de Avance de la Estrategia Nacional de Seguridad, donde el gobierno federal precisa que el combate interinstitucional a este delito generó el bloqueo de 172 cuentas en el sistema bancario en el último año.

El Informe, entregado al Senado y del cual Excélsior tiene una copia, precisa que “las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Energía, de manera conjunta, elaboraron un análisis estratégico para fortalecer el intercambio de información de inteligencia para combatir el mercado ilícito de combustibles, cuyo impacto anual al fisco, en 2020 fue de 30 mil 500 millones de pesos por evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

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