De acuerdo con la evaluación sobre atributos de institucionalidad, presentó una calificación baja y media sobre la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y perspectiva de género.
Durante 2017, los programas sociales activados para Tlaxcala presentaron deficiencias en su planeación estratégica, debido a que el estado careció de atributos de institucionalidad firmes; es decir, no tuvo lineamientos claros, públicos y accesibles; instrumentos de transparencia y rendición de cuentas deficientes y careció de mecanismos de fiscalización y de participación ciudadana, refiere el Informe de resultados 2018 de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO).
Según la evaluación de los indicadores de esta iniciativa elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y Transparencia Mexicana, Tlaxcala obtuvo una calificación media, insuficiente y baja en el rango de institucionalidad, por lo que no fue capaz de dotar de certeza la operación de los programas ni reducir las ineficiencias en el ejercicio del gasto público.
Además, el informe de resultados advierte que de las 26 intervenciones aplicadas a Tlaxcala solo auditaron el 23 por ciento de los programas y solo el 10 por ciento de estos contaron con una perspectiva de género.
En esta edición de IPRO 2018, las dependencias federales, las entidades federativas y los municipios, registraron 543 intervenciones para el desarrollo social. Del total de éstas, 94.8 por ciento fueron programas sociales (515) y 5.2 por ciento acciones para el desarrollo social (28).
Por otro lado, las intervenciones capturadas corresponden en 90.06 por ciento a las entidades federativas (489), 7.73 por ciento a las dependencias federales (42) y apenas 2.21 por ciento a los municipios (12).
La entidad reportó 26 acciones, 22 de ellas fueron programas sociales y 4 acciones para el desarrollo social. De acuerdo a los resultados de IPRO, la entidad tuvo una baja calificación (0.09 de 1) sobre participación ciudadana e insuficientes mecanismos de control y fiscalización (0.48).
Asimismo, tuvo medio nivel de rendimiento para transparentar y rendir cuentas (0.65) sobre la operación y cumplimiento de los objetivos de los programas y sobre el diseño de reglas de operación y otros diseños normativos (0.52) que encaucen la correcta operación.
