De acuerdo con la recomendación 161/2022, se establece que hubo retención ilegal de 43 estudiantes en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, además de tratos crueles e inhumanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Policía Estatal de Puebla incurrió en el uso excesivo de la fuerza orientada a disolver la protesta social durante una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, frente a las instalaciones de Casa Aguayo, un hecho ocurrido el pasado 1 de junio de 2021, donde se lanzaron bombas molotov y con autobuses se embistió vallas metálicas.
De acuerdo con la recomendación 161/2022, dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, se establece que hubo retención ilegal de 43 estudiantes en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, tratos crueles e inhumanos durante su detención y hasta su puesta a disposición del Ministerio Público.
La CNDH señala que los jóvenes fueron incomunicados por casi 5 horas, luego de que fueron detenidos a las 19:20 horas del 1 de junio. La puesta a disposición se hizo hasta las 00:05 horas del 2 de junio.
“Se concluye que no tiene justificación legal, constitucional ni convencional alguna la detención y retención de V1 (víctima 1) a V43 (víctima 43) por parte de AR2 (autoridad responsable 2) a AR45 (autoridad responsable 45), con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal al efectuar su detención de manera arbitraria”.
Por lo anterior, la CNDH dictó medidas cautelares y de restitución a favor de los normalistas que deberán ser inscritos en en el Registro Estatal de Víctimas para la reparación integral del daño, que incluya una compensación justa.
Las víctimas deberán recibir rehabilitación por parte de personal especializado, la devolución de sus bienes incautados o recuperados por las autoridades que, en caso de no ser posible, tendrán que pagarlos.
La SSP tendrá que colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente contra los agentes responsables, además de colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la carpeta de investigación.
En los siguientes seis meses a la aceptación de la recomendación, la secretaría estará obligada a presentar una disculpa pública institucional a las víctimas, entre otras acciones.
