Todos estos casos, ¡que coincidencia!, han pasado por las mismas manos, por la misma sala del TJA y los protagonistas son los mismos personajes.
Un infiltrado en la Secretaría de Infraestructura, amigo, socio y cómplice del magistrado Rubén José Huerta Yedra -aquel famoso por favorecer a empresas que realizan una criminal polución-, quien trabajó ahí como abogado entre diciembre de 2019 y abril de 2021, presuntamente realizó acciones dolosas, sin probidad y fue reiterada y escandalosamente omiso, para favorecer a particulares en litigios, que le costaron al gobierno de Puebla casi 22 millones de pesos.
Desde su posición, primero como subdirector y luego como director Jurídico Contencioso, Jesús Pacheco Ortiz literalmente operó contra el Estado, para que el gobierno de Puebla perdiera litigios y debiera pagar millonarias indemnizaciones.
Apenas en ese breve lapso que trabajó en Infraestructura, el licenciado en Derecho y Finanzas, egresado del Tec de Monterrey, sumó un abultado expediente de gravísimos presuntos delitos y dejó huellas que desnudan que fue un infiltrado, un “topo”, le dicen en el mundo criminal, para mantener con Huerta Yedra, titular de la Sala Cuarta Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), “probable contubernio para para afectar los intereses de la dependencia”, del gobierno y, por tanto, de los poblanos y las poblanas.
Toda la ruta y la narrativa de los presuntos delitos de Pacheco Ortiz están en los expedientes 200/2019-TJAEP-JCA-02-6 y su acumulado 200/2019-TJAEP-JCA-02-6-17, pero son más evidentes y resultaron más onerosos para el estado de Puebla, en lo que respecta al caso identificado con el expediente número 266/2019-TJAP-04-10, que por sí solo costó a los poblanos 19 millones 974 mil 556.77 pesos, por un pago que no debió ocurrir, porque no debió perderse ese litigio.
Hay otros juicios, dos laborales y uno del amparo, que, con omisiones y retrasos con evidencia de que fueron realizados a propósito para perder, Pacheco generó desfalcos contra la Secretaría de Infraestructura por casi dos millones de pesos.
La llegada del “topo” a Infraestructura ocurrió a finales de 2019, ya con la actual administración, pero está antecedida de la colaboración directa de Pacheco con Rubén José Huerta Yedra, entre agosto de 2018 y octubre de 2019, cuando fue actuario de la Cuarta Sala del TJA, que preside el magistrado de origen veracruzano.
Hay más y peor: Jesús Pacheco Ortiz también ha dejado cabos sueltos que lo relacionan con Gustavo Huerta Yedra, hermano del magistrado, un personaje oscuro y considerado mano ejecutora muy relacionado con José Antonio, alias “Tony”, Gali Fayad, de quien es compadre.
También, se analiza -de acuerdo con varias fuentes- la relación de Pacheco con Florencio Madariaga, conocido como parte de la “Mafia Chiapaneca”, y quien estuvo preso en España, tras una orden internacional de captura, por la malversación de más de 900 millones de pesos, cuando fue subprocurador de Chiapas, en la administración del priísta Roberto Albores Guillén.
El circulo se cierra entre todos estos personajes, tan recurrentemente involucrados en más temas oscuros, en los que, al litigar contra el Estado, se han conseguido millonarias ganancias.
Madariaga, sólo para recordar, es el abogado de la toallera “La Heredera”, que ganó un amparo, que otorgó Rubén Huerta Yedra, el magistrado de la Cuarta Sala, para seguir funcionando, por encima del interés público y colectivo, de la salud y de la vida de los poblanos y poblanas, por la polución que genera (de eso también hemos escrito recientemente).
Por cierto, la semana pasada nuevamente, como es justificado, se consiguió la clausura de esa factoría.
Todos estos casos, ¡que coincidencia!, han pasado por las mismas manos, por la misma sala del TJA y los protagonistas son los mismos personajes.
¿Luego por qué les llaman “mafia”?
