Agustín Sánchez rechazó que Beatriz muriera por caer de un autobús, como aseguró Sergio González; los granaderos dispararon casquillos, acusó
Sindicatos, organizaciones sociales y colectivos municipales de Tlaxcala agrupados en la Coordinadora Estatal de Organizaciones Sociales Democráticas (CEOSD), manifestaron su indignación ante «la cerrazón, represión y asesinato» contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla y de sus compañeros de otros estados.
En conferencia de prensa, el asesor de la organización, Agustín Sánchez Corona, exigió a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dejar la «política porfirista».
Además, refutó las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González, quien aseguró que la muerte de la alumna Beatriz Rojas Pérez se debió a que se cayera de uno de los autobuses en movimiento el pasado 20 de octubre.
Sánchez Corona afirmó que la lesión que terminaría con la vida de la estudiante se debió a que los granaderos dispararon casquillos, algo que, dijo, ocurrió también en la Ciudad de México, cuando desalojaron a la coordinadora del zócalo.
“Un casquillo golpeó el cráneo de un compañero jubilado, igual le abrió la cabeza”, dijo, al citar también el caso ocurrido en Chalchihuapan, Puebla en 2014, durante la administración de Rafael Moreno Valle, cuando autoridades estatales desalojaron una protesta en la autopista Puebla-Atlixco, dejando un niño muerto, 11 heridos y amputados, así como un centenar de lesionados.
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“En esos ambientes totalmente inhóspitos, el gas lacrimógeno impide que veas y respires bien, no te puedes cuidar, no puedes esquivar un proyectil o un macanazo, entonces estás totalmente inerme, y es lo que pasa en todas las manifestaciones. Por eso los estudiantes del 68 pedían la desaparición del cuerpo de granaderos, porque donde quiera que hay granaderos siempre hay asesinatos o heridos”, refirió.
El líder social recordó que, el pasado 17 de octubre, la CEOSD hizo un llamado a los titulares de las Secretarías de Educación y de Gobierno, Homero Meneses Hernández y Sergio González, respectivamente, para atender y resolver la exigencia de destitución de “los directivos represores charros de la normal rural”.
Sin embargo, afirma, estos «no atendieron la sugerencia e incrementaron la represión», lo que dejó como saldo una normalista muerta y 30 estudiantes heridos, por ello, exigieron la destitución de los funcionarios y demandaron al gobierno del estado la reparación del daño de las normalistas “por haberlas tratado como enemigos, a aniquilar y no como ciudadanos con derechos a la huelga, a la manifestación, a la libre circulación y la resistencia a la opresión”.
Del mismo modo, el secretario general de la Sección 55 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Moisés Torre Maravilla, consideró que lo suscitado con las normalistas es el reflejo de una mala estrategia y comunicación de diálogo por parte de las autoridades estatales.
A la par llamó a autoridades y sociedad a “crear una conciencia de lo que se está pidiendo”.
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