La legisladora local del PT aseguró que los jueces tienen un reto enorme para la decisión de la persona en la que depositarán la patria potestad de los menores
La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, aseguró que hay posibilidad de que se apruebe la llamada Ley Monzón en enero de 2023, debido a que ya hay consenso de la mayoría de los legisladores para aprobar esta iniciativa que plantea retirar la patria potestad, de manera inmediata, a los padres vinculados en procesos penales de feminicidios.
Silva Ruiz, quien promovió la iniciativa, aseguró que los jueces tienen un reto enorme para la decisión de la persona en la que depositarán la patria potestad de los menores, pues en ocasiones no son los abuelos maternos con quienes los pequeños o adolescentes quieren estar.
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Refirió que las familias que se forjan fuera de los lazos sanguíneos también deben ser consideradas para colocar ahí a los menores al señalar “hay amigas de las mamás a los que los niños quieren como si fueran sus tías”.
Este martes, la legisladora acudió a una mesa de debate que realizó la Organización Valdivia Márquez, en donde varias activistas coincidieron que esta ley requiere que se le haga “ruido” para hacer de ella el legado de la abogada feminista Cecilia Mónzon, víctima de feminicidio y quien dejó en orfandad a un menor.
También señalaron que se debe realizar un registro de los menores que están en orfandad para canalizar apoyos de todo tipo, aunado a la socialización que debe tener esta ley que hará que los feminicidas y sus familias se detengan en seguir señalando a los menores que su mamá se «murió porque se porque se portó mal», porque «se lo buscó» o porque «no cumplió con sus deberes».
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Ana Laura Romero Sierra, presidenta del Consejo Consultivo de 33 Mujeres, solicitó que junto con la Ley Monzón se ejecute un programa gubernamental de apoyo económico y psicológico para las personas adultas mayores que asuman la patria potestad de los hijos de sus hijas asesinadas.
Candelaria Huerta, abogada penalista, solicitó que los padres procesados por feminicidio no pierdan sus obligaciones sobre los hijos; es decir, que aún en situación de cárcel sigan pagando las pensiones alimenticias de sus hijos.
