Integrantes de la asociación Civil Manu Vive y activistas promovieron un juicio de amparo para exigir al Congreso del estado que apruebe la Ley de Movilidad en Puebla, mejor conocida como «Ley Manu».
En rueda de prensa, Lizeth Mejorada Barrios recordó que después de que se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo de 2022, como parte de los transitorios, los congresos locales tenían hasta el domingo 13 de noviembre de 2022 para armonizarla con sus leyes locales.
Sin embargo, el transitorio se violó por el Congreso de Puebla a pesar de los múltiples encuentros y mesas de trabajo que existieron entre la exdiputada Isabel Merlo, entonces presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, y las diferentes organizaciones.
Mejorada señaló que se presentaron 3 iniciativas de Movilidad, no obstante, aún falta la discriminación debido a que les han puesto de excuso una supuesta consulta.
La activista explicó que dicha consulta se tiene que realizar por parte del Congreso a las y los ciudadanos en materia de discapacidad y pueblos indígenas, lo cual resulta inoperante.
Ramón Vara Pizzini, miembro de Manu Vive, indicó que el Congreso local se encuentra ante una omisión legislativa que viola los derechos humanos de la ciudadanía, ya que el derecho a la movilidad incluye a peatones, ciclistas, adultos mayores, usuarios del transporte público y personas con discapacidad.
Por lo anterior, los activistas esperan que en unos meses un juez federal ordene al Congreso local aprobar la Ley de Movilidad y adecuar la legislación interna en la materia.
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