El gobierno pretende ofrecer al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el producto de despojo de una comunidad indígena de la Junta Auxiliar de La Resurrección.
Representantes de la comunidad nahualt denunciaron que un terreno de 170 hectáreas que utilizan para sembrar maíz y magueyes; y parte del panteón, será usado para construir viviendas de burócratas que vivirán en Puebla tras cambio de sede de la dependencia, por lo que hicieron un llamado al titular de la SEP para que no se deje sorprender con la oferta de los terrenos.
En una rueda de medios que encabezó el diputado federal electo de Morena, Alejandro Carvajal y el frente jurídico de la organización El Barzón, representantes de medio millar de familias afectadas aseguraron que defenderían la tierra hasta el fin, y que el despojo generarían un clima de inestabilidad social e ingobernabilidad que en nada beneficiarían a los poblanos, ni al gobierno federal entrante.
“Defenderemos la tierra con nuestra sangre”, sostuvo Fernando Zapotitla Santabárbara, integrante de la comunidad indígena. Gerardo López, abogado de la organización expuso la corrupción de la adquisición de las tierras de cultivo por “un personero” y prestanombres del morenovallismo favorecido desde el tribunal.
En el seguimiento del caso, los juristas de El Barzón expusieron que el particular, Carlos Juárez Camacho se adjudicó de manera arbitraria el lote a través de un juicio en el Juzgado Primero de lo Civil Especializado en Extensión de Dominio, bajo número de expediente 1053/2014.
Hasta este día, la adjudicación se inscribió en el registro público de la propiedad el 23 de febrero del presente año con el folio real electrónico 0487238-1.
El diputado electo, Carvajal así como sus asesores legales e integrantes de la organización campesina revelaron que el expediente de adjudicación está plagado de irregularidades y omisiones de información, incluso han escondido los libros del Registro Civil donde están inscritos las escrituras de Camacho Juárez.
Citan por ejemplo que el 25 de julio la autoridad registral rechazó con oficio SFA-SI-IRCEP-RPP-PUEBLA-50024/2018 la inscripción de declaratoria de sujeción al régimen de dominio público de la Federación ya que no agregaron el pago de derechos correspondientes a la inscripción ni la misma declaratoria que debían ser anexados al oficio.
“Esta omisión revela que las autoridades no han querido clarificar este hecho y nos hace pensar que la Federación tiene algún interés en adjudicarse dichos predios”, sostuvieron abogados.
Y es que el pasado 22 de julio de 2018 la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) anunció públicamente tener la encomienda de construir más de 20 mil casas para satisfacer la demanda que generaría la mudanza de la SEP a la ciudad de Puebla.
En dicha declaración, la presidente de la AMPI manifestó tener un especial interés en 170 hectáreas de la Resurrección, por lo que consideramos existe un intento de despojo del territorio en contra de los vecinos de dicha junta auxiliar para satisfacer la demanda de viviendas que requiere el estado.
Alejandro Carvajal aseguró que existen versiones confirmadas de que el gobernador Antonio Gali Fayad ofrecería este martes las tierras de indígenas como banco de tierras al próximo secretario de la SEP. Aseguró que es evidente el interés para “colocar” esas tierras sin juicios, pero adelantó que existe una organización de base que no permitirá el despojo.
Arturo Mendoza representante del Barzón Poblano y en representación de 453 familias afectadas de la junta auxiliar La Resurreción aseguró que campesinos tienen títulos que acreditan su propiedad que han pertenecido a bisabuelos y tatarabuelos.
Los abogados insistieron que además de seguir la defensa en tribunales remitirán un informe pormenorizado del arrebato de tierras que será presentado al titular de la SEP, al futuro coordinador estatal Rodrigo Abdala, y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para exponer el abuso.
