La funcionaria municipal, Maribel Muñoz Ramírez también solicitó a las autoridades estatales que le brinden protección.
La Síndico municipal de San Juan Huactzinco, Maribel Muñoz Ramírez, denunció este día ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la agresión de la que fue objeto en su domicilio el pasado domingo, cuando fue baleada su casa, por lo que pidió a las autoridades estatales se investigue y otorgue medidas cautelares a su favor, por cuestiones de seguridad.
En este sentido, la representante legal de la síndico, Katy Valenzuela Díaz, informó que será este miércoles, cuando sea recibida la representante legal del ayuntamiento de Huactzinco, por parte del titular de la PGJE, para una audiencia en la que comentará sobre el problema que enfrenta y será ahí, junto con el proceso legal, donde solicitará le concedan medidas cautelares a su favor.
Sin hacer señalamientos directos, señaló que existen antecedentes de amenazas por parte del alcalde Alfredo Valencia, y algunos regidores en contra de la síndico; pero afirmó que serán las autoridades competentes las que investiguen, esclarezcan la situación y deslinden responsabilidades.
Indicó que en la denuncia interpuesta, han solicitado por escrito el resguardo de su integridad física, familiar y de su patrimonio, para garantizar su seguridad, lo cual quedó asentado en la denuncia que quedó asentada en el expediente correspondiente, además de que aprovecharán para cuestionar al funcionario estatal, el poco avance que ha registrado su denuncia previa que fue interpuesta el año pasado, de igual manera por incidentes en su contra.
Agregó que además de la agresión sufrida, la semana pasada, los integrantes del cabildo, intentaron obligar a la síndico a firmar juicios de amparo en contra de algunos asuntos, los cuales estaban viciados para que no procedan, de manera que si los firmaba, podría incurrir en responsabilidad la síndico.
De esta manera, ante el cúmulo de situaciones que ha sufrido la funcionaria municipal, es que han interpuesto la denuncia correspondiente y solicitado las medidas cautelares para que procedan las autoridades en consecuencia; sin embargo, en caso de no obtener respuesta, abrieron la posibilidad de proceder ante las instancias federales, por ser un claro caso de violencia política, lo cual ya está tipificado a nivel nacional, ya que a nivel local, no existe una normativa en la materia.
