También solicitó la intervención del Congreso local, la CEDH, y el Instituto Estatal de la Mujeres
La presidenta de comunidad de Espíritu Santo, Janeth Mejía Arreguín, presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el presidente municipal de Iaxtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, amenazas y discriminación, además solicitó que se le otorgue una orden de protección urgente.
La edil explicó que el pasado 5 de julio de 2017 el alcalde la citó para tratar diversos temas relacionados a la comunidad de Espíritu Santo, donde le advirtió que de no atender los problemas de la comunidad conformaría un comité en la comunidad, agregó que de no ser así ya no la tomaría en cuenta porque además “soy mujer no sirvo para ser presidente de comunidad”.
Posterior a ello, giró un informe para su intervención al director de Gobernación Joaquín Flores Nohpal.
Después, explicó que el 17 de julio de 2017 tuvo una reunión con el alcalde donde le hizo saber no apoyaría a la comunidad de Espíritu Santo en materia de seguridad, y que “si quería algo tendría que buscarlo en otro lado”, pues no perdería su tiempo con una comunidad tan pequeña que además estaba representada por una mujer, y que tampoco perdería su tiempo el director de gobernación.
Además, la presidenta de comunidad de Espíritu Santo, mencionó que existen testigos de los malos tratos, amenazas y discriminación, como sus homólogos Carmen García Espinoza, Germán Salas Hernández y Omar Gutiérrez Pulido.
Por lo anterior, Mejía Arreguín solicita una orden de protección, tal y como lo establece los artículos 47 y 48 de la Ley que garantiza el Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala y se le designe un asesor jurídico
Y denunció ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Relacionados contra Servidores Públicos de la PGJE, en contra del presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, también solicitó la intervención del Congreso del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y el Instituto Estatal de la Mujeres (IEM).
