La aprobación se logró con la votación a favor de 17 diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia y con el rechazo de la fracción de Acción Nacional.
El Cabildo de Puebla aprobó el dictamen por el que abre el procedimiento para iniciar la revocación de la concesión del servicio de agua para que el municipio recobre la rectoría; además solicita que la Auditoria Superior del Estado (ASE) y la Contraloría fiscalicen la acciones del Sistema Operador de Agua Potable (Soapap) y de la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla para Todos).
La discusión que se extendió por casi dos horas y concluyó con el voto a favor de 17 regidores emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, cinco votos en contra de los regidores del PAN; y las abstenciones de Silvia Tanús Osorio y Libertad Aguirre Junco, del PRI y Morena, respectivamente por considerar que el documento carece de un sustento legal adecuado.
El dictamen avalado se enviará al Congreso de Puebla para su aprobación, instancia ante la que se presentarán pruebas de incumplimiento de Concesiones Integrales para revocar el contrato por 30 años y con ello proceder con la remunicipalización del servicio.
El dictamen elaborado por la Comisión Transitoria del Agua, instruye al síndico Gonzalo Castillo Pérez solicitar en un plazo de tres días hábiles a la Contraloría municipal y estatal, así como la Auditoría Superior del Estado (ASE) auditar el proceso de licitación con el que se privatizó el servicio; el convenio modificatorio 3 de julio 2014; la venta de los terrenos que forman parte de la planta de tratamiento de San Francisco y el destino de esos recursos; así como el paradero de 1.4 millones de pesos de la contraprestación y por qué se dio una gracia de 5 años para pagar el capital.
Mientras que a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la unidad de inteligencia de la Secretaría de la Función Pública revisar el uso de recursos públicos federales en obras realizadas por SOAPAP a favor de Agua de Puebla y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los flujos de dinero aplicados a las obras.
De encontrarse irregularidades se dará vista a las autoridades y se fincarán responsabilidades.
Presentes en sesión extraordinaria de cabildo a favor de la revocación de concesiones de Agua de Puebla. pic.twitter.com/PPn6R3AuRD
— Rosa Márquez Cabrera (@RosaMarquezC) 26 de junio de 2019
83 COLONIAS CARECEN DE AGUA
Durante la sesión, la regidora suplente Yuvia Edith Ibarra Saucedo, destacó que 83 colonias carecen del servicio de agua potable, mientras que otras 468 reciben el servicio durante algunas horas y solo dos veces por semana, por lo que sostuvo el manejo del vital líquido debe ser remunicipalizado.
Además, acusó que la concesionaria ha venido desarrollando una persecución sistemática contra los usuarios que no están de acuerdo con las cuotas elevadas, por lo que ciudadanos han recurrido a amparos legales.
Sin embargo, la regidora panista, Augusta Díaz de Rivera, reprochó que el ayuntamiento de Puebla carece de un análisis del impacto presupuestal que conllevaría la remunicipalización del servicio, el cual se estima sería de cerca de 3 mil millones de pesos y aunque reconoció que la concesión ha sido perjudicial para los ciudadanos, dijo que el tema requería un mayor análisis.
Calificó como “ilógicas” las requisiciones del dictamen, pues con estas demuestran que no cuentan con argumentos para iniciar la revocación. “Es insuficiente e inconsistente para retirar la concesión en este momento. Si no sabemos cuánto va a costar esto es una total irresponsabilidad”, aseveró.
Asimismo, atribuyó que la decisión “apresurada” se debe a que la revocación de la concesión a Agua de Puebla fue un compromiso de campaña de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por lo que sugirió que en la próxima campaña de 2021 que –dijo—“van a perder” no prometan estrategias, si no causas y resultados, porque en este caso se metieron en “camisa de once varas”
En respuesta, el morenista Edson Cortés Contreras señaló que lo “irresponsable” fue haber maquillado con el nombre de una concesión la privatización del agua.
Mientras que, Patricia Montaño Flores, destacó entre las presuntas anomalías que la Comisión Transitoria del Agua encontró que el agua que suministra la empresa es inadecuada para el consumo humano, que realiza cortes fuera de la ley, que no ha invertido los recursos que se estipulan en contrato y que evade el pago de impuestos a la SHCP.
EDUARDO RIVERA OPTÓ EL CAMINO FÁCIL
Por su parte, Rivera Vivanco responsabilizó al Cabildo de la gestión del ex alcalde panista Eduardo Rivera Pérez de haber “dado la espalda al pueblo” y de respaldar el proyecto del exgobernador Rafael Moreno Valle para concesionar el SOAPAP.
“Fue una medida impulsada por el gobierno estatal y contó con complacencia del Cabildo de aquel momento, no se hubiera concretado la infame concesión, se trataba de oponerse con dignidad y decirle no al gobernador de esa época, pero se optó por el camino fácil y dio la espalda a la ciudadanía”, atestó.
Señaló que con este paso se está tratando de revertir la concesión para devolver el manejo el agua al municipio, pues no es admisible que se busque hacer negocio a costa de la necesidad de la gente.
Destacó que para concretar la desprivatización, realizarán acciones intermedias como la vigilancia en la prestación del servicio y sancionar todo aquello que se ha hecho al margen de la ley.
