Los gobiernos municipales de Tlaxcala y Puebla, obtuvieron calificaciones reprobatorias en materia de transparencia de la información que ofrecen sobre las acciones y recursos aplicados para hacer frente a la pandemia de COVID-19, con base a la evaluación hecha por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).

El colectivo realiza esas mediciones desde hace 18 años, para evaluar la transparencia de gobiernos municipales y congresos locales, pero durante la pandemia por el Nuevo Coronavirus diseñaron mecanismos para identifica la información mínima que, durante el periodo de alerta de salud, debería estar disponible en los páginas oficiales de los Congresos Locales y los Gobiernos Municipales, informando la ciudadanía, de forma proactiva, respecto a las acciones y recursos aplicados para hacer frente a la contingencia.


Los resultados dan cuenta que los gobiernos municipales de Tlaxcala y Puebla obtuvieron cero por ciento y 28 por ciento, respectivamente, es decir ambas calificaciones reprobatorias, ya que la calificación máxima fue del 100 por ciento y la obtuvieron las capitales de Colima y Mérida.

Ello significa que ambos gobiernos capitalinos han fallado en dotar información que ponen a disposición de la ciudadanía ante la contingencia por COVID-19. Adicionalmente, el colectivo también evalúa la información proactiva que ofrecen los Congreso Estatales.

Al respecto, el Poder Legislativo de Tlaxcala también obtuvo una calificación reprobatoria del cero de un 100 por ciento, en esa circunstancia se encuentran además otras 10 entidades que son Durango, Baja California y Baja California Sur, Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México, Oaxaca y Morelos.

En el caso de Puebla, el colectivo CIMTRA informó que el Congreso del Estado obtuvo una calificación aprobatoria del 60 por ciento, colocándose en el grupo de Cámaras Locales mejor calificadas, siendo la de Veracruz la que obtuvo el 100 por ciento, seguida de Aguascalientes y Sonora con 60 por ciento cada una.

Entre los principales hallazgos del análisis, están los siguientes: “Los reactivos relacionados con la publicación de información sobre gastos efectuados para atender la contingencia sanitaria y los padrones de beneficiarios de programas presentan los porcentajes más bajos, lo cual favorece la discrecionalidad e incrementa los riesgos de corrupción, al impedir tener certeza de que los recursos se están utilizando con la máxima eficiencia y están llegando a la población que está destinada”.



“Únicamente el 25 por ciento de las capitales, publican listados de los laboratorios y hospitales a donde se puede acudir para solicitar una prueba de COVID-19; en el 50 por ciento de los portales web de las capitales se proporciona información relevante para la prevención de contagios y la evolución periódica del número de casos debidamente clasificados, así como las unidades de salud a las que la población puede acudir en caso de tener síntomas”.

La información que mayor porcentaje 68.5 por ciento de capitales publican, es la referente a acuerdos administrativos para atender la contingencia; mismo porcentaje tiene un apartado especial o micrositio sobre COVID-19.