Augusta Díaz de Rivera acudió ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE para denunciar al ambientalista Francisco Castillo Montemayor.
La regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, presentó una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, en contra del ambientalista Francisco Castillo Montemayor, a quien acusó de ejercer violencia política de género hacia ella en una sesión de la Comisión del Agua del Ayuntamiento de Puebla.
En rueda de prensa, la regidora dijo que espera que la denuncia proceda, la cual podría tener efectos en los regidores presentes en aquella sesión del 25 de abril.
Sostuvo que desde su perspectiva el ambientalista violó sus derechos políticos-electorales en razón de género, pues al pedir que se hicieran correcciones y se citara a una nueva sesión para aprobar el dictamen que presentarían al Cabildo, causó la ira de Castillo Montemayor.
“Tres regidoras queríamos modificar el dictamen, porque considerábamos que solo era un informe, Castillo Montemayor se dirigió a las regidoras diciendo métanselo en la cabeza, como si no contáramos con la capacidad para entender la explicación”, comentó.
Posteriormente, continuó, la atacó verbalmente, pensando que podía “someterla” por el simple hecho de ser mujer.
“Cuando me pide Francisco Castillo que me salga, me excluye de una sesión en la que tengo derecho de estar, donde se está debatiendo un asunto que compete al municipio como parte de mis funciones como regidora y públicamente me grita que soy indigna de ser representante de Puebla”, sostuvo.
Asimismo, indicó que quedó en desventaja para defenderse de los señalamientos hacia su persona, por ejemplo, que estaba a favor de la empresa Agua de Puebla para Todos, lo cual rechazó tajante, de manera que su salida de la sesión fue la única forma de parar los ataques.
Resaltó que ninguno de sus compañeros regidores, ni la autoridad encargada de llevar el orden de la sesión pudo detener la agresión, por lo que consideró que las sanciones que aplique el INE, de ser el caso, podrían alcanzar a regidores por sus omisiones o conductas durante el enfrentamiento.
