El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que, ni el Gobierno Interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido, como la administración de Miguel Barbosa Huerta, son responsables de perder el litigio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que generó un «hueco» financiero de 2,700 millones de pesos.
Durante conferencia de prensa, sostuvo que ambas administraciones «agotaron las instancias», pero el SAT demostró que no se tenía la razón.
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Céspedes Peregrina, sin embargo, sí puntualizó que el problema está en el origen, es decir, en el gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, que contrató en 2015 a una empresa asesora que recomendó «evadir» el pago y que «vendió una fórmula maravillosa» para obtener una devolución de impuestos.
Sobre el tema, el Consejero Jurídico, Jonathan Ávalos Meléndez explicó que en 2019, el Gobierno Interino logró una suspensión lisa y llana través de la Procuraduría Fiscal sobre la demanda de pago del SAT, sin embargo esa resolución se impugnó y el Tribunal Administrativo la revocó.
Nuevamente la administración estatal intentó revertir la resolución, pero hubo un segundo fallo negativo por lo que se tramitó un amparo, pero igual se perdió y se ratificó la determinación del tribunal administrativo. «Los abogados agotaron todas las instancias jurídicas», remarcó.
El lunes pasado, el Gobierno de Puebla informó que pagó 2,700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por un crédito fiscal que se derivó de una devolución de impuestos gestionada de manera ilegal por la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en el año 2015.
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La titular de la Secretaría de Finanzas, Teresa Castro explicó que, dicho gobierno contrató al despacho Sistemas Lac para asesoría en materia fiscal, el cual recomendó solicitar la devolución de impuestos con base en normativa no vigente para el estado de Puebla.
Este acto, dijo la funcionaria, se consideró como de «dolo» por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) demandó el reembolso en 2018 de los recursos, lo que no se hizo y se comenzó a litigar generando un costo mensual de entre 20 a 30 millones qué se suman al adeudo.
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Es importante precisar que los recursos que fueron obtenidos por el Gobierno de Puebla en 2015, por la gestión de la devolución de impuestos, fue de 702 millones de pesos, cifra mucho menor a lo que ahora se tuvo que pagar por sanción.
Foto: Agencia Enfoque
