coparmexFoto: Especial

En un comunicado de prensa, que se transcribe a continuación, la Coparmex Puebla urgió a las autoridades garantizar el estado de derecho de la ciudadanía, esto tras los bloqueos que recientemente en autopistas del país, como la México-Puebla, Arco Norte y tres más, por parte de ejidatarios, y los cuales, afectaron la economía generando pérdidas en diferentes sectores.

«En México, la fragilidad de nuestras instituciones y la falta de un Estado de derecho sólido se han convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. La reciente situación de bloqueos en las autopistas MéxicoPuebla y Arco Norte es un ejemplo claro de cómo la debilidad en la aplicación de la ley afecta gravemente no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos.

Durante cuatro días, el centro del país quedó paralizado por un grupo de personas que, con motivaciones legítimas o no, bloquearon las principales vías de comunicación, afectando el transporte de mercancías y el derecho constitucional de circular libremente por el país, en un caso claro de toma de rehenes por parte de los manifestantes.  

Las pérdidas económicas y sociales son incalculables; empresas, industrias, comercios y ciudadanos se vieron atrapados en medio de esta situación en la que se violaron múltiples derechos humanos, no sólo el de libre tránsito. También se violó el derecho a la vida y el derecho a la salud de aquellos que se trasladaban a una cita o a recibir un tratamiento médico, el derecho a la libertad al haber sido retenidos contra su voluntad, el derecho al trabajo que se vio obstaculizado en su totalidad, entre otros. Lamentablemente, en los días posteriores al bloqueo de las vialidades, tampoco se ha considerado el derecho a la reparación integral del daño sufrido.

En el ámbito empresarial, los bloqueos no solo generan pérdidas económicas directas, sino que también comprometen la confianza de las empresas extranjeras en México. La falta de un Estado de Derecho fuerte y la debilidad institucional son problemas que afectan profundamente la toma de decisiones sobre nuevas inversiones en el país, y que, aunados a la inseguridad, perjudican principalmente a las micro, pequeñas y medianas, que no tienen la capacidad de afrontar los costos que representan.

Reconocemos que muchas de las demandas de los manifestantes pueden ser legítimas. Sin embargo, la incapacidad de las autoridades para actuar de manera inmediata y conforme a la ley nos perjudica a todos: a los ciudadanos y sus familias, a las empresas y al país en su conjunto, restándole competitividad para la retención y atracción de inversiones.

Desde los Organismos Empresariales firmantes, solicitamos a las autoridades que asuman su responsabilidad y actúen de manera profesional, empática y firme, siempre dentro del marco legal. Ante situaciones como la vivida, necesitamos una autoridad capaz de brindar atención y soluciones claras, efectivas y, sobre todo, inmediatas.

Esta experiencia es una oportunidad de aprendizaje, y también, una oportunidad para que, a través del trabajo conjunto, establezcamos protocolos, mesas de diálogo y mecanismos para atender esta y cualquier otra situación.  Nuestras autoridades deben garantizar que México sea un país donde el Estado de Derecho prevalezca para que la sociedad pueda florecer en un entorno de seguridad y certeza jurídica. Confiamos en ellas para lograrlo y les expresamos nuestra disposición para coadyuvar en este esfuerzo».

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