Es muy preocupante que la iniciativa presentada el pasado 24 de marzo en la Cámara de Diputados por parte del Gobierno federal genere incertidumbre y zozobra al dar poderes discrecionales a las autoridades en materia administrativa, comentó Gustavo David Vargas Constantini, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Puebla.
Vargas Constantini aseguró que se suman a la postura que a nivel nacional ha manifestado el presidente de la CMIC, Francisco Cervantes, ante la inminente modificación de 23 leyes en el rubro administrativo, ya que van contra la certeza jurídica con la que todo inversionista debería contar al momento de apostar su esfuerzo, su capital en la generación de empleo, esto se verá desde las Mypimes hasta las grandes empresas.
El comunicado y postura de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción al que se adhiere la Delegación Puebla contiene los siguientes puntos:
- La CMIC es una institución nacional comprometida con el desarrollo de infraestructura para el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar de la población, con base en principios de legalidad, transparencia y combate a la corrupción.
- A fin de impulsar la inversión pública y privada en infraestructura para el crecimiento y el bienestar, en un entorno internacional cada vez más competitivo, es fundamental contar con un clima de certeza jurídica y respeto al Estado de derecho, en el que la acción de los poderes públicos esté sujeta a los principios y derechos que consagra nuestra Constitución.
- Por esas razones, la CMIC considera que, de ser aprobada en los términos en que fue presentada, la iniciativa antes referida vulnera la certeza jurídica y es abiertamente contraria a principios constitucionales fundamentales, toda vez que introduce un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad en la actuación de la Administración Pública Federal en materia administrativa, a la que, además, convierte en juez y parte, en perjuicio de derechos adquiridos,
el cumplimiento de contratos, el debido proceso, y la certeza jurídica que debe regir en la relación entre el sector público y privado.
- El punto antes señalado queda de manifiesto en la propia Exposición de Motivos del documento citado, la cual establece que “la iniciativa propone facultar a la Administración Pública Federal para revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados. Asimismo, le da atribuciones para llevar a cabo actos que corrijan las desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos y que, con posterioridad a su emisión, resulten perjudiciales para el interés general.”
- En virtud de lo antes expuesto, la CMIC hace un llamado respetuoso a las y los miembros del Congreso de la Unión para legislar con absoluta responsabilidad en esta materia y cuidar el interés público, que es responsabilidad de todas y todos, pero no a costa de erosionar la certeza jurídica, el Estado de derecho y garantías fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna. Bienvenida la legítima defensa del interés general, pero no con acciones discrecionales que pueden generar el efecto contrario al que se busca.
