ARH Consultores señala que las empresas deberán pagar el 10 por ciento de sus utilidades a los empleados.
Más del 50 por ciento de la industria manufacturera opera bajo la figura de subcontratación laboral, mientras que el 40 por ciento de la industria automotriz está en la misma situación. Desde el primero de agosto, fecha en que entró vigor del Decreto que prohíbe esta figura legal, las empresas han registrado un incremento hasta del 60 por ciento los costos por seguridad social, el procesamiento de la nómina y cálculo de impuestos.
Germán Reyna Y Herrero, socio director de ARH Consultores, indicó que la eliminación del también llamado outsourcing es uno de los grandes problemas que enfrenta la industria manufacturera, porque, además lo antes mencionado, las empresas deberán pagar el 10 por ciento de sus utilidades a los empleados. Porcentaje que corresponde a un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o bien, el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, cualquiera que resulte más favorable al trabajador.
El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) reporta que hasta junio de 2021 el personal ocupado total de la Industria manufacturera en Puebla correspondió a más de 700 mil personas, distribuidas en industrias manufactureras, alimentaria, bebidas y del tabaco, textiles, prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y productos de cuero, madera, papel, conexas, productos derivados del petróleo y carbón, química, plástico y del hule, productos a base minerales no metálicos, metálicas básicas, metálicos, maquinaria y equipo, fabricación de equipo de comunicación, aparatos eléctricos, equipo de transporte, muebles, otras industrias y subsectores.
De este total, en promedio 50 por ciento correspondía a personal de outsourcing; es decir, más de 200 mil personas, quienes por ley ya deberán ser contratadas directamente por las organizaciones poblanas
Para el consultor fiscal, la prohibición del outsourcing resulta complicada en un contexto donde la pandemia ha generado inversiones en infraestructura, como las telecomunicaciones, las cuales no estuvieron previamente planificadas. Y es que en lo general el objetivo de la prohibición de la subcontratación de personal consiste en contratar, únicamente, servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de las empresas.
“Es decir, las empresas sólo podrán subcontratar personas que realicen actividades que están fuera de su área de especialización. Por ejemplo, una constructora ya no podrá contemplar a los colaboradores en áreas de albañilería, carpintería o plomería en el esquema de outsourcing, tendrá que brindar, por ley, seguridad social, Infonavit e integrarlos como parte de su nómina, situación que puede elevar los costos hasta en un 60 por ciento”, indicó Reyna Y Herrero.
Ante las problemáticas antes expuestas, el fiscalista recomienda que las empresas adopten un esquema de Contratación de Servicios Especializados, el cual integra un flujo de servicios de planeación de los costos que deberán absorber, tales como pagos de cuotas patronales ante el IMSS y aportaciones ante el Infonavit. Además de planear la creación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los colaboradores, evaluación y ejecución de los contratos por obra o tiempo determinado. Así como un mapa de los servicios que cubrían por outsourcing y definir los servicios que pueden ser contratados bajo el esquema de Servicios Especializados autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Finalmente, las empresas, de acuerdo con Reyna Y Herrero deberán considerar reestructuras corporativas, como es el caso de fusiones, sustitución patronal o escisión, y evaluar las actividades que anteriormente estaban en outsourcing y que eran fundamentales para su operación.
