En el marco del proceso legislativo para dictaminar la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces se reunió con miembros de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación de la Cámara de Diputados para escuchar y atender inquietudes que contribuyan a definir un proyecto guiado por el interés general y el bienestar del pueblo de México.
“Podemos tener una ley que proteja el interés del pueblo de México, para quien es indispensable una verdadera ciencia soberana, que permita una autosuficiencia, una soberanía también tecnológica, una verdadera innovación a favor de las grandes necesidades de este país y de la justicia social, del cuidado ambiental y de tener una normativa que haga honor a lo que mandata el tercero constitucional: el acceso universal al conocimiento, el derecho humano a la ciencia; a realizarla y también a sus beneficios.”
Frente a las y los legisladores de distintos grupos parlamentarios, destacó la relevancia de que México construya la primera Ley General en Materia de HCTI, para establecer mecanismos que promuevan la inversión sostenida al sector y remonten los rezagos generados por la simulación del quehacer científico en sexenios pasados.
“Necesitamos una ciencia que esté conceptualizada en el humanismo mexicano; rigurosa, enraizada en nuestra cultura y guiada por el bien común, para promover el avance del conocimiento universal y nuestra soberanía tecnológica que favorezca a generaciones presentes y futuras.”
Sobre el articulado que compone la iniciativa de Ley en HCTI, destacó distintas cualidades como el impulso a la ciencia básica y de frontera, para que no se repita el abandono que sucedió entre 2017 y 2018, en el que no se destinó un solo peso a la ciencia básica.
“El Estado debe garantizar el apoyo y el acceso universal al conocimiento, erradicando gastos onerosos que favorecieron en el pasado intereses privados que simularon investigaciones y desarrollos científicos que no dieron los resultados esperados.”
La directora general del Conacyt mencionó que la iniciativa de ley en HCTI promueve el mandato presidencial de “no dejar a nadie atrás y a nadie afuera”, estableciendo el acceso universal a becas mediante el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) para estudiantes de programas de investigación públicos y profesionalizantes en áreas prioritarias para México; por ejemplo, las especialidades médicas.
“Las becas se solicitan directamente sin intermediarios y no elimina el apoyo a estudiantes de posgrado en instituciones privadas, sino que establece criterios para acceder a ellos. Esta iniciativa también garantiza que absolutamente todas y todos los estudiantes aceptados en posgrados de investigación de universidades públicas tengan acceso a una beca de Conacyt, si sus instancias no pueden proveérselas”.
Sobre las inquietudes de legisladores por definir mecanismos que promuevan la inversión en el ámbito de las HCTI, Álvarez-Buylla refirió que la propuesta de ley general no limita el financiamiento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; de hecho, dijo, amplía las fuentes de recursos convocando a los estados y municipios, y permitiendo la concurrencia del sector privado.
“De este modo, proveerá recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión.”
Destacó que, en un amplio articulado, se garantiza la libertad de investigación, promoviendo la democratización del Sistema Nacional de HCTI y respetando las autonomías de instituciones de educación superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI), así como las competencias de los gobiernos locales en su concurrencia para hacer de las HCTI herramientas para el bienestar.
En cuanto al papel de los fideicomisos, la titular del Conacyt respondió que esta iniciativa prohíbe su constitución porque en el pasado fueron mecanismos de dispendio y opacidad, a través de los cuales no hubo beneficios para el país. En contraste a ello, refirió que la propuesta establece medidas apegadas a los principios de transparencia, cero corrupción y eficiencia administrativa.
María Elena Álvarez-Buylla dio cuenta de la robusta participación con la que se contó durante el proceso de construcción de la propuesta de Ley General en HCTI, así como del consenso inédito que se alcanzó en la comunidad de HCTI, insistiendo en que no se trata de una propuesta más, pues la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal emana y busca beneficiar al pueblo de México, contrario a otras propuestas que fueron diseñadas de manera unilateral y hasta personal, siguiendo esquemas que en el pasado avalaron el despojo, el saqueo y la simulación so pretexto de invertir en una innovación inexistente.
A través de dos rondas de participaciones de miembros de los distintos grupos parlamentarios, se abordó la participación de más de 70 mil personas, organismos e instituciones públicas y privadas que han enriquecido la iniciativa, misma que transita en una ruta legislativa donde el tiempo es apremiante, dado que su ejecución comprende armonizar los marcos estatales en 2024.
“Va a ser fundamental tener esta iniciativa, sin deshacer la integralidad de la propuesta, así como implementar los cambios propuestos antes de que concluya este sexenio.”
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