Para gestionar el gasto en salud, se debe escatimar en servicios básicos, lo que vulnera a las familias y aumenta su riesgo de enfermarse.

Un tratamiento médico se considera caro si cuesta más de un día de salario mínimo (aproximadamente 172 pesos). En México (2020), cinco millones de personas tuvieron que pagar por medicamentos y consultas debido a la falta de acceso a servicios sanitarios públicos. Con la pandemia, este gasto ha aumentado hasta un 68%.

De acuerdo con INEGI, una persona gasta un promedio de 1,266 pesos en medicina privada cada trimestre. Esto puede provocar un espiral de pobreza: para gestionar el gasto, se debe escatimar en servicios básicos, lo que vulnera a las familias y aumenta su riesgo de enfermarse e invertir en salud. La pregunta que muchas personas se hacen: ¿es justo?

En su experiencia profesional, el Dr. Ricardo Páez Moreno ha constatado que el ejercicio de la medicina incumple criterios éticos, especialmente en cuanto a la equidad de resultados entre pacientes de diferentes orígenes y posiciones socioeconómicas. Las investigaciones para encontrar una vacuna contra el Sars-CoV-2 son una prueba coyuntural de ello.

De acuerdo con la OMS, más de la tercera parte de la población mundial carece de acceso regular a medicamentos esenciales para una vida saludable. Cada hora mueren en el mundo alrededor de 1,150 personas por falta de acceso a fármacos para el tratamiento de enfermedades curables.

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El Congreso de Estados Unidos ha sido crítico frente a la industria farmacéutica. Un informe (2021) revela que tres empresas concentran el 90% de la producción de insulina y han incrementado su precio considerablemente en los últimos 20 años. Se señala también que la empresa Pfizer basa su rentabilidad global en su capacidad de aumentar los precios de sus productos.

Mientras tanto, México ha atestiguado el viacrucis del desabasto de medicinas. En 2019, el Gobierno federal vetó a las tres distribuidoras principales de medicinas por acusaciones de corrupción. En su lugar, se acudió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para gestionar la compra consolidada de medicamentos.

Sin embargo, el trato no incluía el servicio de distribución, lo que ha dejado a la deriva a miles de pacientes con enfermedades crónicas; las infancias en tratamiento de cáncer son el grupo más visible. Tras el fracaso del INSABI, se lanzó el programa IMSS Bienestar —que inicia funciones el día de hoy— como una nueva apuesta para que el Seguro Social atienda abasto y distribución.

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