Del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, la organización Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC) registró 248 agresiones contra periodistas mujeres en México. Para 2022, esa cifra aumentó un 209.27%, con 519 casos. Una ola de violencia, señalamientos, descalificación y hostigamiento asedia a las periodistas del país, según reporta el equipo de investigación.
Esto y más fue expuesto en el informe Palabras impunes: estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022, presentado en la IBERO Puebla. Su redactora, Lucía Moguel Osorio, profundizó en las causas y consecuencias de la violencia que han sufrido las periodistas en ese periodo.
Miryam Vargas Teutle, integrante de CIMAC y periodista en Cholollan Radio, explicó que este incremento exponencial de la violencia se da en un contexto de transición política, donde las redes sociales y otros foros de opinión pública influyen en la práctica periodística. A esto se suman expresiones del sistema patriarcal, que históricamente ha propiciado espacios periodísticos exclusivamente para los hombres.
“El periodismo creado por mujeres surge como una respuesta a dos situaciones del sistema patriarcal: una es que históricamente este oficio se ha designado a los hombres. La otra es cómo los medios tradicionales representan a las mujeres, que somos noticia como víctimas y no como una fuente de información o de opinión”, explicó la redactora del informe Lucía Moguel.
Ana Laura Gamboa Muñoz, académica y responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla, dio cuenta de este panorama con la exacerbación de la violencia digital. Esta modalidad hace uso del acoso, hostigamiento, y descalificación para trascender los ámbitos habituales de la violencia, exponiendo la integridad física y mental de las periodistas.
Las narrativas también son un aspecto importante, pues aportan a este panorama violento. La experta aclaró que aún existen discursos que descalifican el feminicidio y la violencia de género dentro de las redacciones, lo que vulnera y estigmatiza el papel de la mujer dentro y fuera de los tabloides.
“El periodismo se ha construido como una forma que pareciera ir en contra de un proyecto de nación, y eso no es menor, porque sin duda el trabajo que se hace intenta reivindicar el derecho de todas las personas a analizar la realidad, acceder a la información y acercarla a la ciudadanía”, explicó Gamboa.
En cuanto a las expresiones de violencia más frecuentes, CIMAC identificó que las agresiones a la libertad de expresión toman el primer lugar. El bloqueo informativo, intimidación, amenaza, hostigamiento, descrédito de la labor y campañas de desprestigio son otras de las principales agresiones a las que, sobre todo las reporteras, están expuestas.
En Puebla, la intimidación, la desacreditación y el bloqueo informativo son las principales tácticas de abuso contra mujeres del gremio periodístico. Las principales afectadas son las reporteras que trabajan en campo, seguidas por las directoras de medios y las fotorreporteras.
Carolina Fernández Galindo, directora del periódico El Popular Puebla, es un vivo testimonio de las constantes agresiones al gremio perpetradas por funcionarios públicos. Relató la comunicadora: “En 2019 me entero de que ya se rompió la relación con el gobierno porque me llegan tres demandas por daño moral por publicar una columna crítica de un colega”.
La directora recibió tres demandas por daño moral, y posteriormente fue sometida a dos auditorías por presunto lavado de dinero. Su salud mental se vio sumamente afectada, al igual que su economía. Sin embargo, y según comentó, las alianzas que ha formado con otras mujeres periodistas, y la pasión que tiene por la labor periodística, le han permitido continuar con El Popular, un diario que lleva 13 años en pie.
Fueron claves vínculos como los que formó con Samantha Páez, periodista y activista por los derechos humanos de su gremio desde la Red Nacional de Periodistas. El trabajo de Páez ha sido importante para diversas periodistas que no han encontrado apoyo en las instancias gubernamentales.
CIMAC evaluó el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Los resultados demostraron la falta de voluntad política por parte del Estado para ayudar de manera integral y sustantiva a las víctimas. Samantha Páez lo explicó:
“Son comisiones de papel, porque solo están en un decreto ejecutivo, solo están en una reforma a la Ley de Procuración de Justicia de Puebla, pero no tienen ningún actuar […] No hay una verdadera intención de los gobiernos locales de proteger, porque si fuera su intención las instancias operarían bien y no estaría yo hablando de esto”.
Tanto la organización como las ponentes presentes en este informe exhortaron a la ciudadanía a ser aliada crítica de las y los periodistas que hoy más que nunca se ven asediados por la descalificación, la censura y las agresiones; mismas que han cobrado la vida de cinco mujeres periodistas de 2019 a 2022.
“No es normal, no tendría por qué ser aceptable. Por otra parte, esto es parte de algo mucho más grande: la desigualdad estructural está en contra de nosotras, [pero eso] nos permite empezar a posicionarnos, no solo como periodistas, sino como periodistas feministas”, comentó la activista Samantha Páez.
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