Las instituciones garantes de velar por los derechos humanos, y sus titulares en particular, deben posicionarse en contra de las injusticias y proteger a los grupos marginados.
El informe del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicado el 9 de diciembre de 2021 calificó los primeros dos años de administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como una gestión “a la deriva”.
Durante un conversatorio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Roberto Alonso, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la IBERO Puebla, expresó su preocupación frente a la falta de acciones que adviertan el proceso de militarización que vive el país.
El análisis del Centro Prodh enfatiza las carencias en emisión de recomendaciones a organismos públicos, indicadores de actos de inconstitucionalidad y labores en materia de gobernanza interna. Se señala que el organismo presenta “una excesiva atención a casos previos a 2018”, mientras que una fracción mínima de las recomendaciones de este año ha sido dirigida a las instituciones de seguridad pública. Esto pone bajo la lupa el papel de la persona titular de la comisión.
La figura de ombudsman (hoy también llamada ombudsperson) fue creada en Suecia en 1809 con la intención de cumplir la función de vocero de la ciudadanía y vigilar el uso y administración de las finanzas públicas. Sus antecedentes se remontan al imperio romano, y su extensión como defensor oficial del pueblo se consolidó en la segunda década del siglo XX.
Se trata de un cargo que reivindica la democracia de los países, el Estado de derecho y los derechos humanos. Expresó vía remota Pablo Ulloa, defensor del pueblo de República Dominicana y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman: “Necesariamente pasa por un principio de acción centrado en la atención prioritaria a la persona humana, especialmente a la que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad”.
Niños, niñas y adolescentes, que en América Latina y el Caribe suman 188 millones, son parte de los grupos vulnerables que cargan con los efectos de las estructuras históricas de marginación. Solo seis de cada diez infantes reciben algún tipo de educación en sus primeros cuatro años de vida, y más de 3.6 millones de niños no tienen un desarrollo adecuado para su edad.
“La labor del ombudsperson se encuentra íntimamente ligada a la resiliencia frente al cambio climático”: Pablo Ulloa
De igual manera, las mujeres están sujetas a entornos de permanente violencia: 14 de los países con mayor número de feminicidios en el mundo se encuentran en el Cono Sur. “Los defensores del pueblo están llamados a contribuir a fortalecer los mecanismos contra la violencia de género”, subrayó.
Ulloa se refirió a la movilidad humana como otro de los grandes retos del mundo. Más de cuatro millones de refugiados venezolanos han tenido que migrar a otros países del continente, especialmente a Colombia. La suma de demagogia, populismo y política migratoria, advirtió, es la peor combinación política posible.
El Estado de derecho existe para proteger a los grupos minoritarios. De acuerdo con el Banco Mundial (2018), una cuarta parte de la población latinoamericana se identifica como afrodescendiente. Estas comunidades han sido invisibilizadas y violentadas de manera similar a las identidades LGBT+: entre 2014 y 2020 se cometieron más de 1,300 asesinatos basados en homofobia. Pablo Ulloa llamó a actuar para proteger la integridad de los grupos históricamente marginados.
Los retos de los ombudsman acarrean la necesidad de romper paradigmas sociales y políticos. El defensor del pueblo dominicano convocó a sus homólogos a convertirse en actores sociales que contribuyan a cambiar. Y concluyó con el canónico aforismo de Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
