El Reporte Legislativo es un ejercicio vital de transparencia y rendición de cuentas, indispensable para que los ciudadanos comprendan las acciones de sus representantes, correspondiente a la evaluación de las actividades de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla 2021-2024, enfatizó Mathias Nebel, Director del Instituto Promotor del Bien Común de la UPAEP.
El análisis de Nebel se centró en cinco funciones esenciales de todo parlamento, representación, control del Ejecutivo, capacidad legislativa, transparencia y accesibilidad, y rendición de cuentas.
Dijo que el Congreso de Puebla, en teoría, debería ser un reflejo fiel de la población que representa. Sin embargo, Mathias Nebel plantea la pregunta de si este órgano legislativo es verdaderamente representativo de la diversidad y necesidades de los ciudadanos poblanos. La representación es un tema central en cualquier democracia, y la efectividad de un parlamento en esta función es crucial para su legitimidad, refirió el académico.
Con respecto al Control del Ejecutivo, señaló que uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes, donde el Legislativo tiene la responsabilidad de supervisar y, en su caso, frenar los excesos del Ejecutivo. Según el reporte, el Congreso de Puebla ha mostrado ciertas deficiencias en esta función, lo que podría implicar un debilitamiento del equilibrio de poder en el estado.
En cuanto a la capacidad del Congreso para legislar de manera efectiva es otra área de evaluación crítica. Nebel señala que, si bien el Congreso ha legislado, queda en el aire si las leyes aprobadas han abordado realmente los temas más urgentes y relevantes para la sociedad poblana. La eficiencia legislativa no solo se mide por la cantidad de leyes aprobadas, sino también por la pertinencia y el impacto de estas en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Apuntó que en un contexto donde la transparencia es fundamental para la confianza pública, subraya que el Congreso de Puebla no debe actuar como una «sociedad secreta». El acceso a la información y la apertura de los procesos legislativos son cruciales para asegurar que las decisiones se tomen en el interés de los ciudadanos y no detrás de puertas cerradas.
Recordó que la obligación del Congreso de rendir cuentas a la ciudadanía es una dimensión que no puede ser subestimada. Mathias Nebel destaca la importancia de que los ciudadanos y los órganos de la sociedad civil puedan exigir explicaciones sobre las decisiones y leyes aprobadas por el Parlamento.
A pesar de que el Congreso de Puebla cumple con sus funciones fundamentales, Nebel expresa preocupaciones sobre ciertos «disfuncionamientos» en varias de estas áreas. Según su análisis, el Congreso no parece estar avanzando en la dirección correcta, lo que podría tener implicaciones serias para la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones del estado.
El reporte legislativo, disponible en el sitio del Observatorio Legislativo desde esta mañana, ofrece una mirada detallada no solo a las estadísticas cuantitativas, como el número de diputados y sesiones, sino también a aspectos cualitativos que reflejan la eficacia y transparencia del Congreso. Este análisis es crucial para los ciudadanos que desean entender mejor cómo sus representantes están gestionando el poder que se les ha conferido.
En su intervención, María del Rosario Andrade Gabiño, coordinadora del Observatorio Legislativo y profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, expresó que este reporte, que abarca desde el inicio de la legislatura el 15 de septiembre de 2021 hasta el tercer período ordinario de 2024, revela una serie de desafíos y áreas de mejora en el desempeño legislativo del Congreso.
https://upaep.mx/biencomun/observatorio/PDF/Reporte_legislativo_2024.pdf
Uno de los hallazgos más alarmantes que mencionó Andrade Gabiño es el alto nivel de ineficiencia en la aprobación de iniciativas. De las 1,864 propuestas presentadas, solo el 26% fueron aprobadas, lo que representa un total de 484 iniciativas en tres años. Esto significa que el 74% de las iniciativas presentadas no fueron discutidas o aprobadas, lo que refleja una clara necesidad de mecanismos más eficientes para revisar y depurar propuestas legislativas.
María del Rosario Andrade subraya la importancia de mejorar los mecanismos que permiten a los legisladores identificar cuáles iniciativas son procedentes y cuáles no. La sobrecarga de propuestas es un reto, y sin un proceso adecuado de selección, es imposible que todas sean discutidas y aprobadas en el tiempo asignado.
El reporte también destaca que el 90% de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo durante este periodo fueron aprobadas. De las 102 iniciativas propuestas por el Ejecutivo, 92 recibieron el visto bueno del Congreso, en un tiempo promedio de 31 días. En contraste, las iniciativas propuestas por el propio Legislativo tardaron en promedio 242 días en ser aprobadas, lo que resalta la desproporción en la celeridad de los procesos legislativos y refleja una marcada inclinación hacia las propuestas del Ejecutivo, acotó la académica.
Este fenómeno, conocido como la lógica del «Gran Legislador», pone en evidencia que el Ejecutivo sigue teniendo una influencia preponderante en el proceso legislativo, algo que el Observatorio ha señalado en años anteriores, subrayó Andrade Gabiño.
Otro aspecto clave es que las iniciativas presentadas de manera colaborativa, ya sea por comisiones o grupos de trabajo, tienen un mayor índice de éxito. El 96.5% de las propuestas conjuntas fueron aprobadas, mientras que solo el 18% de las iniciativas presentadas individualmente por un legislador lograron ser discutidas y aprobadas. Esto subraya la importancia del trabajo en equipo y la cooperación entre los legisladores para lograr resultados favorables.
El reporte también analiza los temas principales abordados por la legislatura. Los más destacados fueron, Justicia y Estado de Derecho; Finanzas públicas y patrimonio estatal y municipal y Justicia con enfoque en temas de mujeres.
No obstante, dijo que algunos temas importantes quedaron prácticamente fuera de la agenda legislativa. Andrade destacó que no se aprobó ninguna iniciativa relacionada con agricultura, ganadería, pesca o medios de comunicación. Además, temas cruciales como migración y telecomunicaciones recibieron poca atención.
De igual manera, cuestiones prioritarias para la ciudadanía, como seguridad, pobreza, empleo y economía, fueron abordadas de manera insuficiente, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades legislativas en un estado con desafíos sociales tan marcados.
Un punto crítico en el reporte fue la evaluación del trabajo en comisiones, descrito como «pobre y deficiente». Las comisiones, que son el corazón del proceso legislativo, no cumplieron con los requerimientos legales en cuanto al número de sesiones, y su duración fue notablemente insuficiente. Andrade destacó que 11 de las 36 comisiones tuvieron sesiones que duraron 15 minutos o menos, lo cual es incongruente con la importancia del trabajo que realizan.
Además, aunque se mencionó que en algunos casos se realizan mesas de trabajo previas, estas no forman parte del mecanismo institucional de la legislatura, lo que las deja fuera del alcance de la vigilancia ciudadana y de los medios de comunicación, generando un trabajo legislativo en la sombra.
La LXI Legislatura del Congreso de Puebla ha sido objeto de un análisis profundo en el reciente «Reporte Legislativo 2021-2024,» elaborado por un grupo de investigadores de la UPAEP y académicos de otras universidades. Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, destacó la importancia de este ejercicio, subrayando que es un esfuerzo por contribuir a una función parlamentaria más democrática, participativa y representativa.
El análisis se centra en cinco dimensiones clave, cada una evaluada mediante una escala Likert, donde 5 representa un desempeño muy elevado y 1 lo menos deseable.
La primera dimensión, la representatividad, obtuvo una calificación de 1.94. Este bajo puntaje refleja la desconexión entre los temas debatidos en el Congreso y las preocupaciones reales de los ciudadanos. Claudia Ramón señaló que aunque se han realizado esfuerzos para involucrar a la ciudadanía, como foros de discusión, estos han tenido poca incidencia en la legislación final. Además, se evidenció la falta de igualdad en la participación de las minorías y la limitada consideración de las voces disidentes dentro del Congreso.
En cuanto al control del Ejecutivo, la calificación fue aún más baja, alcanzando apenas 1.64. Este resultado se debe, en parte, a la alta tasa de aprobación de iniciativas provenientes del Ejecutivo en comparación con las originadas dentro del Congreso. Ramón Pérez subrayó que, aunque existen procedimientos para la comparecencia del Ejecutivo y otros actores de la administración pública, estos no se llevan a cabo con la regularidad ni la rigurosidad necesarias en un gobierno que aspire a la transparencia y rendición de cuentas.
Dijo que la tercera dimensión evaluada fue la capacidad legislativa del Parlamento. Aquí se resaltó la rapidez con la que se procesan algunas iniciativas, lo que pone en duda la calidad del debate y el análisis previo a la aprobación de las leyes. Sin embargo, un aspecto positivo mencionado fue la mejora en la inclusión de la perspectiva de género en la labor legislativa, aunque sigue habiendo áreas de mejora en el diálogo serio y abierto entre los legisladores.
Comentó que la transparencia y accesibilidad del Parlamento también fueron motivo de preocupación, con una calificación de 1.66. A pesar de algunos avances en la publicación de información en la página web del Congreso, Claudia Ramón señaló que aún falta mucho por hacer para que los ciudadanos puedan acceder de manera sencilla y directa a los legisladores y a la información legislativa. Además, se resaltó la limitada libertad con la que los periodistas pueden informar sobre las actividades del Congreso, un aspecto crítico para la salud democrática.
Manifestó que la dimensión de rendición de cuentas del Parlamento obtuvo una evaluación negativa. La frecuencia con la que los legisladores responden ante la ciudadanía por las reformas y leyes que aprueban es insuficiente. Claudia Ramón indicó que, aunque existe formalidad en los procedimientos, estos son a menudo superficiales y carecen de un verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La selección de personas para órganos autónomos y la prevención de conflictos de interés son áreas que requieren una mayor atención y mejora.
Mientras que Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la IBERO Puebla, subrayó la importancia de que la nueva legislatura que está próxima a instalarse se enfoque en mejorar la calidad democrática de las instituciones parlamentarias a través de la representación, el control y la legislación.
En cuanto a la representación, Alonso Muñoz destacó que los legisladores deben asumir su rol no solo como representantes de sus electores, sino de toda la ciudadanía. Esto requiere un canal de diálogo abierto y receptivo con la sociedad para que las agendas legislativas respondan a las verdaderas necesidades y demandas de la población. Asimismo, reconoció avances en la paridad de género, pero hizo un llamado a que esta igualdad se convierta en sustantiva, señalando la necesidad de una mayor presencia de diputadas en órganos clave como la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
El coordinador de la IBERO Puebla hizo eco de preocupaciones ya mencionadas sobre el funcionamiento de las comisiones y comités del Congreso de Puebla. Subrayó que estos son el engranaje principal del Parlamento y lamentó la baja frecuencia de sesiones y la falta de quórum en algunos casos, lo que compromete la calidad del trabajo legislativo. Insistió en la necesidad de adoptar mecanismos de mayor apertura y diálogo con la sociedad, apoyándose en el modelo del Parlamento abierto para fomentar una mayor participación ciudadana y rendición de cuentas.
Alonso Muñoz abogó por un Congreso que no se limite a confrontar al Ejecutivo, sino que actúe como un verdadero contrapeso. Esto incluye la realización de comparecencias regulares y efectivas, así como la elección de personas idóneas para ocupar cargos en organismos autónomos, asegurando que las decisiones no se basen únicamente en la afinidad con la administración ejecutiva. También enfatizó la necesidad de una rendición de cuentas sólida, fundamentada en la información, justificación y sanción de los actos del gobierno.
Finalmente, Roberto Alonso subrayó que el Congreso de Puebla debe seguir avanzando en términos de accesibilidad, transparencia y apertura hacia la sociedad. Reconoció que cada legislatura ha dado pasos adelante en estos aspectos, pero señaló que la dinámica social exige un compromiso constante para garantizar que los espacios de participación ciudadana realmente contribuyan al fortalecimiento de la democracia participativa.
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