El gobierno del estado acudió a la SCJN para invalidar artículos de las leyes de ingresos de Apizaco y Panotla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa con el trámite y análisis de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Tlaxcala contra el Congreso y el municipio de Apizaco, por la aprobación de su ley de ingresos y el impuesto ecológico sobre la operación y permiso de uso de rellenos sanitarios.
De acuerdo con la controversia constitucional 25/2020, el Poder Ejecutivo local reclama la invalidez de la ley de ingresos del municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal 2020 y demanda la invalidez del artículo 26, fracciones IV, V y VI que se refieren a las solicitudes de inscripción en el padrón de industria comercio y el refrendo de licencias de funcionamiento.
Las fracciones controvertidas facultan al municipio de Apizaco autorizar y expedir el refrendo a las empresas que presten el servicio de disposición final de residuos no peligrosos en rellenos sanitarios, permisos que va de las 15 mil a las 5 mil UMA.
En febrero, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aceptó a trámite la demanda. Este martes 10 de noviembre la SCJN notificó sobre la integración de las audiencias, documentos, pruebas y alegatos enviados por el Congreso del Estado por que cerró “instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente”.
Asimismo, se encuentra en trámite la controversia constitucional 25/2020 contra la ley de ingresos del municipio de Panotla; en enero, el alcalde Eymard Grande Rodríguez acusó que la Coordinación de General de Ecología (CGE) no solo “contaminar el ambiente al operar los rellenos sanitarios en diversos municipios… sino que injustamente cobra a los municipios por el depósito de desechos sólidos”.
