El Ayuntamiento de Tecamachalco clausuró la planta de cementos Cruz Azul por una presunta invasión de terrenos y carecer de permisos para operar en esta demarcación ubicada en la zona centro del estado de Puebla.
De acuerdo con la información disponible, la planta que opera entre los municipios de Palmar de Bravo y Quecholac, ahora se extendió a Tecamachalco ocupando 598 hectáreas sin autorización municipal.
La clausura, realizada este miércoles, fue apoyada por elementos de seguridad pública municipal, tendría un interés medioambiental y territorial, ya que los campesinos de la zona, a través de la organización EcoTuzuapan, presentaron quejas por daños a cultivos y agua, así como despojo de tierras, afectando la Reserva de la Biósfera de Tehuacán–Cuicatlán.
Según las denuncias, desde que comenzó a operar la planta cementera de Cruz Azul se incrementaron las muertes por enfisema pulmonar, hay daños en las cosechas cercanas a donde opera la empresa y aumento en las sequías.
Cabe mencionar que la Planta CYCNA de Oriente, de cementos Cruz Azul, comenzó a operar en 2007 con instalaciones ubicadas en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla. En noviembre de 2015 se inauguró la segunda línea de producción de cemento en esta misma planta, que en ese entonces tenía una capacidad de producción de un millón 100 mil toneladas anuales.
Autoridades estatales y municipales se reúnen con Cementera Cruz Azul para llegar a un acuerdo
Tras la clausura, los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón y de la Consejería Jurídica, Jonathan Ávalos, sostuvieron una mesa de trabajo con los alcaldes de Tecamachalco, Alfonso Cid Machorro, y de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, así como con integrantes de la empresa cementera Cruz Azul, con el objetivo de generar vínculos y acuerdos para dar solución a las demandas de ambas partes.
Derivado de ello, en unanimidad se acordó establecer una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica, donde se abordarán y analizarán los argumentos de cada instancia, para promover un acuerdo en el marco de la ley con respeto a la autonomía de los ayuntamientos.
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