El Ayuntamiento actuó con apego a la normatividad, en caso de demanda laboral cumplirá con la liquidación
La anulación de 80 trabajadores que fueron basificados de forma irregular por el Sindicato 7 de mayo, estaban ocasionando una afectación financiera en el municipio de Huamantla es un gran avance que dio el ayuntamiento, con lo que se podrá generar un ahorro de alrededor de 30 millones de pesos en la nómina, los cuales se pueden destinar a acciones a favor de la ciudadanía, sostuvo el presidente Juan Salvador Santos Cedillo.
Agregó que su administración ha actuado con apego a la normatividad, y estará presto a responder de la misma forma en caso de una demanda laboral como lo han anunciado quienes se dicen afectados, de ser necesario se cumplirá con lo dispuesto en caso de una liquidación.
En entrevista, refirió que hasta ahora en Tlaxcala, es el único ayuntamiento que ha actuado de esa forma, sin violentar ningún derecho, pues se trataba de plazas que no estaban bien justificadas y que además fueron otorgadas por compromisos de las autoridades salientes.
En este orden, adelantó que se pretende iniciar una denuncia por usurpación de funciones en contra de estas personas, que dicen haber sido despedidos de forma ilegal, ya que incluso entregaron recursos a “alguien que no tenía representación en el municipio ni en el estado”.
Indicó que, algunos trabajadores contaban con 20 y 25 años de antigüedad, otros acumulaban nueve años y algunos más eran de reciente ingreso, de tal forma que se revisó cada expediente y se tuvo que prescindir de sus servicios.
Del mismo modo reveló que dio instrucciones para quitar “beneficios” que no están contempladas en la ley, y que también han estado provocando daños a las finanzas, la intención es que se pueda contar con un ahorro importante y un mejor manejo del presupuesto.
Respecto de lo que implica perder un juicio laboral se dijo consciente, y es que por los 80 trabajadores dados de baja implicaría un aproximado de 21 millones de pesos para su liquidación, cifra que no se compara con los 60 millones de pesos que implicaría mantenerlos en el ayuntamiento.
Finalmente, llamó al sindicato 7 de mayo para que no se preste al otorgamiento de plazas de manera irregular, y que su actuar sea con transparencia apego siempre a la ley con la finalidad de no afectar las administraciones municipales.
