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La FGE reservó los datos sobre los escoltascon el argumento de que revelarla pondría en riesgo la integridad del exservidor público.
La información sobre los escoltas del ahora extitular de la FGE, Víctor Carrancá Bourget, así como el desglose de los privilegios a los que tuvo acceso fue clasificada como reservada por la Fiscalía General del Estado.
A una petición para conocer el número de elementos de seguridad, vehículos oficiales y apoyos para gasolina, comida y telefonía asignados al fiscal general para el cumplimiento de sus funciones, sin embargo, el organismo negó la información.
Los datos sobre los escoltas la reservó con el argumento de que revelarla pondría en riesgo la integridad del exservidor público.
En la solicitud de información con número de folio 001857619, se pidió la misma información respecto a los fiscales especiales y agentes ministeriales, pero tampoco se proporcionó.
Antes de renunciar el jueves de la semana pasada, Carrancá Bourget tuvo un año y tres meses de licencia, en los cuales el fiscal especial de Investigación Metropolitana, Gilberto Higuera Bernal, fungió como encargado de despacho.
El ahora extitular de la FGE se fue casi dos años y un mes antes de concluir su periodo de siete años por el cual fue designado en enero de 2016.
Clasifican información
Para atender la solicitud, el Comité de Transparencia sesionó y determinó declarar la información como clasificada, según el acuerdo ACT/075/2019.
“El servicio de seguridad personal (escoltas) que esta Fiscalía otorga a servidores públicos, el número de elementos asignados como escoltas, y los vehículos oficiales, es información que se encuentra Clasificada como Reservada en términos del artículo 123 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, formalizada mediante Acuerdo ACT/075/2019 signado por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado”, indicó el organismo en su respuesta.
Argumentan motivos de seguridad
El oficio argumenta que de proveer esta información representaría “un peligro a la seguridad personal”, pues se advierte que en varios estados del país se han registrado agresiones contra servidores públicos.
“(Los) datos pudieran ser utilizados para sobrepasar las capacidades de respuesta, realizar estudios de oportunidad que atentan contra la integridad física de los servidores públicos, a la luz del conocimiento que se tienen de los homicidios y agresiones perpetrados en contra de funcionarios, exfuncionarios federales, estatales y municipales (alcaldes, secretarios de seguridad, policías, diputados, etc.), en distintos Estados de la República, incluido el Estado de Puebla”.
Se agregó que el personal de la propia FGE ha sufrido ataques en los que han perdido la vida agentes, por lo que se concluyó que lo más “responsable” es mantener como reservada la información.
“La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la seguridad e integridad física de los servidores públicos que laboran en ella, y con el temor por demás fundado de las acciones que pueden implementar los grupos delictivos para diezmar las acciones que se llevan a cabo, cuenta de ello son los distintos ataques que se han realizado al personal de esta Fiscalía, en la que lamentablemente han perdido la vida servidores públicos en el cumplimiento de su deber”.
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