Por esa conducta y omisiones de la comisionada para impedir el acceso a la información, se dio entrada a la solicitud de juicio político de Lilia Vásquez.
El presidente del Comité de Transparencia del Congreso del Estado, Omar Milton López Avendaño confirmó que la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Marlene Alonso Meneses cometió irregularidades y vicios en la tramitación de solicitudes de información pública con respecto a malos manejos cometidos por el exrector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx).
En entrevista, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que en el análisis de la solicitud de juicio político contra Alonso Meneses promovida por la legisladora Lilia Vásquez Juárez en septiembre de 2018, se localizaron acciones de ocultamiento para dar respuestas a dos solicitudes de información.
Esas solicitudes correspondían al manejo de recursos de dos proyectos académicos realizados en el año 2013 por los que la UPTx se comprometió a pagar 3.1 millones de pesos y más de 946 mil 630 pesos, lo que el ex rector, Narciso Xicohténcatl Rojas no realizó, según documentos de los que este medio posee copias.
Cuestionado al respecto, el presidente del Comité de Transparencia del Poder Legislativo local declaró que “de lo que encontramos fue exactamente eso, el hecho de que se había ocultado información a la solicitud de acceso que se hizo para conocer la información del proceder de esos proyectos, es por eso que se turnó y se dio entrada al juicio político. Consideramos que sí hubo injerencia en cómo no se turnó a las mesas al parecer en un procedimiento viciado porque sobrepasaron los tiempos para poderlos dictaminar”.
Es por ello que la Comisión Instructora de Juicio Político y Responsabilidad de munícipes del Congreso local, donde se está analizando si las conductas u omisiones cometidas por la comisionada Marlene Alonso puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, o del buen despacho de las funciones públicas que la comisionada tiene a su cargo.
López Avendaño subrayó que los hechos están claros pero le corresponderá a la Comisión de Juicio Político resolver el tema, el cual deberá ser resuelto en breve también para deslindar la responsabilidad que pudiera tener la comisionada en el caso de la llamada “estafa maestra” que tiene que ver con la participación de la UPTx en el desvío de recursos por más de 178.6 millones de pesos que, según el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), fueron triangulados a empresas fantasmas a través de un convenio de colaboración firmado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
