La ASF revisó el cumplimiento de la ley de disciplina financiera y la congruencia de la información.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) informó que el Congreso del Estado de Tlaxcala tiene un monto pendiente por aclarar de 10 millones 766 mil pesos, generado por el incremento pagado por servicios personales, así lo indica la auditoria de cumplimiento 2019-G-29000-19-1276-2020.
La ASF no revisó el ejercicio de los recursos sino el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la congruencia de la información del ejercicio fiscal 2019.
El dictamen concluye que aunque hubo un cumplimiento adecuado de las disposiciones, los diputados locales rebasaron el límite máximo permitido en el cálculo establecido en la Ley de Disciplina Financiera respecto a la asignación global de servicios personales pagados durante 2019.
Y es que el Congreso del Estado de Tlaxcala asignó recursos para servicios personales por 107 millones 966 mil pesos en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal referido, los cuales se incrementaron durante ese año en 10 millones 191 mil 200 pesos respecto de lo aprobado.
El ASF indica que al final del ejercicio y bajo el momento contable el Congreso presentó un importe de 118 millones 157 mil 500 pesos, en tanto que el importe devengado fue de 115 mil 494 mil 700 pesos y el pagado de 115 millones 232 mil 600 pesos.
Este monto rebasó el límite máximo permitido de 104 millones 466 mil pesos determinado de acuerdo con el cálculo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó una diferencia por 10 millones 766 mil 500 pesos respecto del importe pagado.
Además, la ASF detectó que en el diseño del presupuesto de 2019 los diputados no incluyeron los reportes y resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas de los últimos cinco años ni del ejercicio fiscal 2018, lo que dificulta determinar el verdadero alcance de las proyecciones presupuestales.
De acuerdo con el documento, el Comité de Administración del Congreso inició procedimientos para poder determinar responsabilidades administrativas.
