“Es necesario que las autoridades agilicen el proceso; tenerlos ahí es como castigarlos lo doble, sabemos que ellos son presos políticos»
Araceli Bautista Gutiérrez, defensora legal de los habitantes de Santa María Coyomeapan en la Sierra Negra, comentó que son 39 órdenes de aprensión en contra de los pobladores, por tal situación no pueden salir de la localidad, sin embargo, esa condición legal los mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pues desde hace meses no hay avance en los casos.
“Es necesario que las autoridades agilicen el proceso, porque eso de tenerlos ahí es como castigarlos lo doble, sabemos que ellos son presos políticos, es por una política en extremo de conveniencia y no por algo justo, no hay justicia es una política de conveniencia de los Celestino, de los caciques hacia la población” señaló.
Agregó que hasta el momento ya no se ha realizado otra detención, más que las de los cuatro activistas en septiembre, pero tampoco hay algún tipo de avance, solo se sabe que los mantienen presos, no hay más información.
Resaltó que los habitantes únicamente están solicitando que se realicen nuevas elecciones, solo eso, sin embargo, ya han sido varios meses en que no los han escuchado, al contrario, los han perseguido y encarcelado, pues los cuatro activistas asegurados son presos políticos que no tienen motivo de estar tras las rejas.
Gobernador tergiversa realidad sobre Coyomeapan: Inés Parra
Este martes 21 de diciembre, la diputada federal por el distrito 4 de Ajalpan, Inés Parra Juárez y la dirigente del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores (Conapa), Claudia Martínez Sánchez, convocaron a los medios de comunicación a una rueda de prensa para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los 14 mil indígenas del pueblo de Coyomeapan, donde solicitaron la intervención de las autoridades competentes para resolver el conflicto social y político.
Parra Juárez indicó que la situación que se vive actualmente en Santa María de Coyomeapan se debió a “11 años de cacicazgo”, en donde acusó a la diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Araceli Celestino Rosas y a su esposo, el actual alcalde, Rodolfo García López, de provocar el conflicto en el municipio, el cual se ocasionó el pasado 6 de junio del 2021 a raíz de las irregularidades reportadas durante la jornada electoral, la cual fue considerada como ilegítima por los pobladores.
En entrevista para este medio, la diputada Parra señaló que: “el gobierno del estado está utilizando todo el poder que tiene para reprimir a los ciudadanos de Coyomeapan, la mayor parte de la población es indígena y están siendo violentados, por eso le pedimos un SOS al presidente de la república, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de Gobernación de la CNDH, para que intervengan de manera directa y que cese el hostigamiento, pues están utilizando las guardias blancas (sujetos armados de manera ilegal) para reprimir a los ciudadanos”.
De igual manera, la activista y periodista mostró Martínez Sánchez presentó por parte del Conapa, distintas evidencias fotográficas en torno a los atentados ocurridos en contra de los pobladores del municipio, como lo sucedido el pasado martes 14 de diciembre, cuatro sujetos a bordo de una camioneta con armas largas entraron al pueblo y que, al ser detenidos por los habitantes, les informó que fueron contratados presuntamente ejecutar a 11 de los defensores indígenas.
F. e-Consulta
