El gobernador exhortó al empresario José González Cobián a cumplir con la ley en la operación de su empresa La Heredera. 

El Tribunal de Justicia Administrativa revirtió la clausura impuesta por el Soapap en julio de este año a la empresa La Heredera, propiedad de José González Cobián, pese a que es la tercera sanción en seis años y por el mismo motivo: contaminar el río Atoyac.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta fue interrogado sobre la decisión de la Cuarta Sala Unitaria, la cual aplicó una “medida cautelar restitutoria” en el caso, para que la compañía continúe con sus actividades, pese a que no funciona su planta de tratamiento de aguas resuales contaminando.

El mandatario consideró que el TJS «está deformado, viciado de origen», por lo que consideró que su resolución es «muy cuestionable», pues protege a una persona, sin tomar en cuenta los daños colectivos; por tanto, consideró urgente una reforma.



«Hay muchísimas empresas que ha desarrollado actividades sin permisos de impacto ambiental, no tiene planta de tratamiento (de aguas residuales) y si las tienen no las ponen en marcha, y (los empresarios) inician procedimientos legales para evitar clausuras».

Asimismo, advirtió que el gobierno estatal continuará con su lucha contra la impunidad y los privilegios de personas que han actuado permanentemente así y se dicen los grandes señores, quieren referencia de ellos como personas honorabilísimas».



Por lo anterior, exhortó a la firma de referencia a cumplir con la ley y subrayó que el gobierno estatal continuará con su obligación de hacerla cumplir; además, advirtió al «abogadito ese chiapaneco», Florencio Madariaga, que se abstenga de amenazar a los trabajadores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap); «que no nos provoque», señaló
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